Sábado, 15 de Agosto de 2020

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Valcárcel: "La desalinizadora era interesante al suprimirse el trasvase del Ebro"

El expresidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, responde a los medios a su salida del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia donde ha acudido para declarar en calidad de investigado sobre las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la desaladora de Escombreras

El expresidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, responde a los medios a su salida del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia donde ha acudido para declarar en calidad de investigado sobre las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la desaladora de Escombreras / Europa Press (Europa Press)

El expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel, declaró este viernes como investigado en la pieza separada del caso desalinizadora de Escombreras que era de interés para esa región "tras haberse cercenado el Plan Hidrológico Nacional y suprimido el trasvase del Ebro".

Sus declaraciones en el juzgado, a las que ha tenido acceso Efe, han sido conocidas este martes al ser notificadas a las partes personadas en el proceso que investiga al exvicepresidente del Parlamento Europeo como presunto autor de delitos de prevaricación, malversación, fraude y fraude de subvenciones en la construcción y explotación de esa planta en Cartagena.

Insistió varias veces en que una de sus máximas preocupaciones en sus años de Gobierno (1995-2014) fue combatir el déficit hídrico de Murcia, para lo que se entrevistó con los sucesivos jefes del Ejecutivo central y ministros competentes en la materia.

A preguntas de la magistrada que dirige las investigaciones señaló que con la supresión del trasvase del Ebro se vinieron abajo las expectativas que había generado y los alcaldes de la región acudieron a él para buscar otra solución a la falta de agua.

Explicó que la desalinizadora no era un proyecto suyo, sino del Consejo de Gobierno, "en el que se debatían las propuestas de cada consejería, se analizaba su viabilidad y luego se decidía".

Reveló que supo en fecha muy tardía, ya en noviembre de 2013, de la cláusula que obligaba al Gobierno murciano a pagar de golpe los 600 millones de euros fijados en el contrato de explotación de la planta si se dejaba de pagar un solo plazo.

"Me lo comentó el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, y decidimos ir a ver a Florentino Pérez, presidente de ACS, constructor de la planta, para decirle que no podía ser, que no estábamos de acuerdo con ella", dijo a la jueza.

"Nos dijo que no pretendía ganar ni un euro con la planta, pero tampoco perderlo, por lo que estaba dispuesto a venderla al Gobierno de Murcia a precio de coste, que concretaría con sus asesores jurídicos y financieros", añadió.

Al responder también a preguntas de la fiscalía comentó que "los hechos demuestran que no hubo omisión al respecto, sino todo lo contrario, que hubo acción, y encaminada a buscar la mejor solución posible para los intereses regionales".

Dijo que ningún servicio jurídico ni de intervención le advirtió de posible irregularidad al crear el Ente Público del Agua (EPA).

Según la fiscalía, el objetivo era burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de agua con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por su escasez estructural en la cuenca.

El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.

Valcárcel dijo que la desalinizadora, con ser importante, solo suponía el 0,4 por ciento del presupuesto regional anual.

"Y si nadie nos advirtió de que las cosas se estuvieran haciendo mal, ¿por qué iba yo a verme en la necesidad de solicitar un informe jurídico o de intervención?", se preguntó durante el interrogatorio.

"Me considero una víctima de la situación por no haber recibido en su momento la información que los servicios que estaban obligados a ello debían habernos facilitado", añadió antes de recalcar que no asistió a ninguna reunión del consejo de administración del EPA y que ninguna de sus sesiones se hiciera en la sede del Gobierno.

También que jamás dio instrucción, sugerencia o indicación en ningún sentido a los 25 miembros que se sucedieron como consejeros en el EPA, "lo que se puede comprobar con ellos".

Tras considerar la planta positiva para la región e incoherente darle de lado, a preguntas de su defensor explicó que en sus años de Gobierno jamás recibió dádivas y que "en este proyecto, como en todo lo demás", lo único que intentó "siempre" fue hacer lo que creía "mejor para la región, con un mandato que tuvo aciertos y errores".

Concluyó que haber dejado "tirada" la planta cuando estaba en marcha y con buenas perspectivas "habría sido irresponsable, porque sería tanto como haberla condenado a convertirse en chatarra".

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