Viernes, 14 de Agosto de 2020

Otras localidades

La síndica alerta de la necesidad de abordar el cumplimiento de la ordenanza de ruidos

Leire Zugazua recuerda que la moratoria para insonorizar los locales hosteleros expira en 2022 y que si no se cumplen los requisitos los establecimientos no podrán funcionar

La síndica de Vitoria alerta de que el plazo para que los locales de hostelería se adapten a la ordenanza de ruidos va a expirar esta misma legislatura y espera que el Ayuntamiento aborde cuanto antes este asunto. El caso es que cuando caduque la moratoria, quienes no hayan abordado las obras de insonorización exigibles, no podrán seguir desarrollando su actividad. En un momento tan complicado para el sector como el actual cree la síndica que la administración debe aclarar qué es lo que se va a exigir y si, en su caso, se plantea alguna línea de ayudas para las reformas o no.

El de los ruidos es uno de los problemas que más se plantean en la oficina que encabeza Leire Zugazua, que señala que en el Casco Viejo no se han llegado a poner en marcha todas las acciones que acordó la plataforma que se generó para tratar esta cuestión y en la que participaban vecindario, hostelería, Ayuntamiento e incluso la propia sindicatura.

Dice la síndica, por cierto, que en el ámbito municipal existe ya un Plan de Acción para la Mejora del Ambiente Sonoro (PAMAS) que marca interesantes medidas a corto, medio y largo plazo y considera que es tiempo de que se ponga en marcha.

Junto a la problemática del ruido, la defensora vecinal ha recogido en su memoria de actividad de 2019 otros asuntos como la necesidad de hacer más flexibles y rigurosos -parece contradictorio pero es posible, dice- el procedimiento de cobro de deudas a las personas más vulnerables. Negarles toda ayuda por no haber podido justificar el gasto del dinero que se les había concedido para una determinada finalidad asegura que puede generar una situación de precariedad muy complicada de atajar.

Con respecto a la situación de las familias que okupan las casas de Olárizu, Zugazua es tajante: es una cuestión de derechos humanos el devolverles el suministro de agua.

La dificultad de acceso a la vivienda es, precisamente, otra de las preocupaciones que se reflejan en su informe, en el que vuelven a salir clásicos como las quejas por multas que se consideran injustas o los incumplimientos de las normativas de tenencia de animales -perros- o de movilidad ciclista.

Sobre las multas, la síndica llama la atención al Ayuntamiento por ciertas inercias que hacen que se rechacen sistemáticamente muchas alegaciones de los ciudadanos. Dice que hay casos claros en los que al final la administración termina por dar la razón al ciudadano, pero después de haber pasado por un larguísimo procedimiento que perjudica a todas las partes.

En lo que respecta a los perros, Leire Zugazua asegura que reciben muchas quejas del Casco Viejo y que quizá el Ayuntamiento debiera intensificar la vigilancia en estas zonas sensibles y encargarse de hacer cumplir las normas.

Por cierto, del proceso participativo para la reactivación de la ciudad apunta que se ha queado con la queja de los participantes acerca de la falta de información y comunicación institucional durante la pandemia; piensa que el consistorio debe de reflexionar en torno a este asunto y plantearse si ese déficit viene ya de lejos y cómo abordarlo. También cree que, por regla general, la administración debe abordar los casos que se le presentan con la individualidad que requieren y no utilizar la misma vara de medir para todos.

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