La Diputación acusa a Sanidad de ignorar las "llamadas de auxilio" de sus residencias reclamando test

Valladolid

La Diputación de Valladolid acusa a la Consejería de Sanidad de ignorar las "llamadas de auxilio" de sus residencias reclamando test. "No es viable ahora", "no es posible", "no disponemos de ellos", son algunas de las respuestas que recibía el personal cuando solicitaba "a diario" la urgencia por realizar pruebas PCR a residentes y trabajadores, según recoge la investigación interna a la que tuvo acceso El Mundo-Diario de Valladolid.

La información publicada por este medio recoge que en las residencias Cardenal Marcelo y Doctor Villacián el "gran problema" fue que desde los servicios sanitarios de la Junta de Castilla y León se hicieron los test PCR "muy tarde", lo que llevó "a que no se supiera de la situación real de los residentes hasta muy tarde".

También, según el diario, los propios gerentes de área de Sacyl en Valladolid desmienten a la consejera y niegan que se haya impedido el paso a personal de Sanidad, como argumentó Verónica Casado para justificar su tardía intervención en estos centros. "No se nos ha impedido entrar en las residencias", indicaron tanto el gerente de las Áreas de Valladolid como el de Atención Primaria Valladolid Oeste.

La investigación instruida por dos funcionarios, el jefe de área de Hacienda, Juan Carlos Olea, y la jefa de servicio de Transparencia, Pilar García, abarca medio millar de páginas. En ellas se desgranan cronológicamente acciones y testimonios de personal e instituciones en los dos primeros meses de confinamiento en ambos centros.

El escrito refleja que no se adoptaron las medidas de aislamiento necesarias a tiempo –"había residentes deambulando por estancias comunes"– y que el personal no dispuso de material apropiado ni la oportunidad de acceder a las pruebas diagnósticas cuando lo solicitaron. Y, según recoge, lo reclamaron en múltiples ocasiones. "Diariamente por la necesidad imperiosa se pide que hagan test a los residentes".

El informe no elude deficiencias en la toma de decisiones dentro del ámbito la Diputación, pero señala principalmente a la desatención del Gobierno autonómico como determinante en la desesperada situación que vivieron ambas residencias.

"Ha fallado el derecho a la sanidad universal a pesar de las llamadas de auxilio. La clave ha sido fundamentalmente el desabastecimiento generalizado de EPIS y de pruebas diagnósticas", destaca en la página 64 de las conclusiones.

La primera vez que solicitaron desde las residencias la realización de PCR se remonta a cuando se acababa de paralizar el país, el martes 17 de marzo, fecha que coincide con el resultado positivo en coronavirus del que era el director, Luis Alonso. Ese día en los registros no aparecen residentes con síntomas.

A partir del 23 de marzo, recibieron una llamada diaria de los centros de salud a los que corresponden, Parquesol y Arturo Eyries. Entonces volvieron a pedir las pruebas diagnósticas y responden que no hay. "Además de transmitir los datos del estado de residentes, se solicita la realización de test a residentes y trabajadores. Contestan que no disponen en los centros de salud, pero que en cuanto lleguen, se realizarán", detalla.

Los primeros test se efectuaron 17 días después de esa conversación inicial. El 8 de abril, en Doctor Villacián, y el 9, en Cardenal Marcelo, pero sólo a los residentes. Además, Cardenal Marcelo fue declarado 'zona sucia' en su conjunto porque el 98 por ciento está contagiado. En Doctor Villacián sumaban 41 los positivos iniciales.

En paralelo, el personal siguió sin ser sometido a las pruebas de forma generalizada y la "preocupación" creció. "Se vuelve a consultar a Arturo Eyries sobre la posibilidad de realizar test a todo nuestro personal", indican los técnicos de Prevención. "Responde que no es viable y nos ofrece atender a diez personas". Los intentos persisten. Las negativas, también. Ya es 17 de abril y 58 trabajadores permanecían de baja.

En Villacián, la evaluación interna expone que algunos ancianos que habían dado negativo presentan síntomas. Una doctora de ese centro "intenta que se realicen test" a esos posibles falsos negativos. "Desde el centro de salud Parquesol se indica que tiene que esperar", pasan 24 horas y nada mejora. "Desde Arturo Eyries informan que se ha bloqueado el covid-car y que hay un gran atasco con las muestras", siempre según el rotativo.

El recuento global ese 23 de abril alcanza a 78 profesionales de baja, 34 de ellos con positivo en las pruebas. Según el documento, la carencia de recursos continuó haciendo mella y tampoco lograron reincorporarse al trabajo los profesionales sin síntomas. "No se está pudiendo realizar pruebas PCR, con lo que se van a retrasar las incorporaciones del personal de baja".

Para esta investigación se han recabado testimonios e informes de la Consejería de Sanidad, Gerencia de Servicios Sociales, de sindicatos y de personal de distintos departamentos. Además, tanto el gerente de Áreas de Salud de la Junta en Valladolid, Eduardo García Prieto, como el de Atención Primaria Valladolid Oeste, Elpidio García Ramón, son taxativos. "No se nos ha impedido entrar", aclaran.

Otro capítulo polémico es el de si anteriormente, el 27 de marzo, se prohibió o no la entrada a los técnicos de Prevención de la propia Diputación. La conclusión es la misma. Para apoyar que no se ha prohibido el paso, se adjunta un correo del día de la visita de una de las técnicas que acudió. En el mensaje escribe que "por seguridad para los residentes" no pasaron de las puertas de la entrada. "No queriendo interferir en el funcionamiento del centro o incluso tratando de evitar algún tipo de contaminación".

Sobre los traslados al hospital, el informe señala "una residencia es un hogar, no es un hospital". "Aunque los equipos médicos hayan controlado en todo momento la evolución de los residentes, la derivación a los hospitales del sistema de salud debería haberse hecho con más frecuencia y en el momento de cualquier síntoma, ya que al no tener test PCR ni ningún sistema de detección del COVID-19, el posible contagio entre los residentes hubiera sido previsiblemente menor", refleja la antepenúltima página del escrito.