El Seprona encuentra COVID-19 en los vertidos ilegales de Perales del Río

Getafe

Desde hace casi 20 años se vienen produciendo unos vertidos ilegales al río Manzanares en el barrio de Perales del Río, unas aguas sin tratar, una causa judicial en la que está investigada la propia alcaldesa, Sara Hernández, que ha iniciado los trámites para solventar el problema. Problema que ahora se agudiza con este informe del Seprona que ha adelantado ABC y que señala que esas aguas residuales tienen COVID-19.

Algo que, según el informe, podría afectar a los vecinos que residan o paseen aguas abajo o incluso que acaben pasando al aire e infecten por ese medio. Destaca el Seprona que la persistencia del coronavirus en medio acuático puede ser muy extensa en el tiempo. No obstante las muestras conocidas ahora datan del mes de mayo.

En concreto dicho informe, según recoge Europa Press, remarca que 'los resultados demuestran que se está poniendo en riesgo la salud de los vecinos de cada uno de los ayuntamientos que desempeñan sus actividades en las cercanías del río y de aquellos que vivan o trabajen aguas abajo, al no adoptar las medidas de gestión adecuadas de las aguas residuales del municipio’. También alerta del riesgo de que esas aguas produzcan aerosoles y el COVID-19 pase al aire, algo que ‘podría suponer la infección de un número indeterminado de personas'.

Las conclusiones fueron remitidas el pasado 29 de junio a las distintas administraciones competentes: como las Consejerías de Medio Ambiente y Sanidad, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y el propio Ayuntamiento de Getafe.

En el plano judicial, durante su declaración en el juzgado de Instrucción número 3 de Getafe, hace ahora justo un año, la propia alcaldesa aseguró que precisamente ha sido su Ejecutivo, la pasada legislatura, el único que empezó a tramitar una solución a este asunto para crear dos estaciones de bombeo desde el colector hasta la depuradora Madrid Sur.  Los trámites administrativos para adjudicar la obra, ya completados en Mesa de Contratación, están únicamente pendientes de su aprobación en Junta de Gobierno. Mientras, en los últimos meses se han impuesto sanciones de más de 45.000 euros por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Por su parte la Comunidad de Madrid ha arrancado también el muestreo en aguas residuales en 288 puntos establecidos por los expertos para la realización del estudio epidemiológico del COVID-19 en la región, informa Europa Press. En ese sentido, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, a través del Canal de Isabel II, pondrá en marcha junto con la Consejería de Sanidad un sistema de detección y alerta temprana del COVID-19 en la Comunidad de Madrid.