Miércoles, 02 de Diciembre de 2020

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Inmigración irregular

Desmantelada una red que favorecía la inmigración irregular en Cantabria

Con la investigación, la Policía Nacional ha frenado la concesión de 36 autorizaciones de residencia por reagrupación familiar

Cuerpo Nacional de Policía

Cuerpo Nacional de Policía / Cadena Ser

La operación denominada “CAYÓN” se inició a raíz de una denuncia de la Policía Local de Santa María de Cayón el pasado 17 de febrero, en la que informaba del incremento inusual de solicitudes de empadronamiento en los pueblos cántabros de Santa María de Cayón, Castañeda y Penagos. En estos empadronamientos figuraban contratos de arrendamientos que eran tramitados por una ciudadana española que regentaba una inmobiliaria.

A partir de esta información comenzaron las gestiones por parte de los investigadores, revelando la existencia de una inmobiliaria que se estaba dedicando al alquiler de pisos en las zonas descritas anteriormente. Una vez obtenidos  los certificados de empadronamiento y de convivencia, solicitaban en la oficina de Extranjeros de Santander, solicitudes de reagrupación familiar.

La propietaria de la agencia inmobiliaria asentada en Santa María de Cayón se encontraba al frente de la trama, quien no solo se dedicaba al alquiler de los pisos, sino que intermediaba en las gestiones que se debían de realizar en los ayuntamientos. Además, en alguna ocasión presentó documentación en la Oficina de Extranjeros, bajo la excusa de que los solicitantes de las reagrupaciones no hablaban español. Debido a que los extranjeros que alquilaban los pisos no residían en los mismos, la gestora de la inmobiliaria coordinaba el pago de los suministros, entre los propietarios y los arrendatarios.

El sistema utilizado consistía en ofertar pisos a ciudadanos extranjeros que residían y trabajaban en el País Vasco. Una vez contactaban con la agencia, se desplazaban a las viviendas para firmar los contratos de alquiler, sin coincidir nunca los propietarios y los inquilinos. Una vez obtenidos los documentos que precisaban (certificados de empadronamiento y convivencia), regresaban al País Vasco, sin llegar a residir nunca en los domicilios que arrendaban.

En las declaraciones que se practicaron a los propietarios, estos manifestaron que no llegaron a conocer personalmente a sus inquilinos, que recibían mensualmente la renta en sus cuentas y que los recibos de suministros los enviaban directamente a la agencia inmobiliaria, quien se encargaba de gestionar el cobro de los mismos.

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas implicadas (ocho en Bilbao y una en Irún) por delitos de falsedad documental. Por su parte, también se detuvo a la principal investigada por delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental en Santander.

Con la investigación se ha evitado la concesión de 36 autorizaciones de residencia por reagrupación familiar y se ha evitado el “efecto llamada” que la actividad estaba generando en el Valle de Cayón.

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