El juzgado investiga si Carlos Fabra ocultó bienes para dificultar la ejecución de su sentencia

Castellón

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón investiga una nueva causa contra el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat han señalado que el juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación, como les avanzó esta emisora.

Las mismas fuentes han señalado que el juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013, confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo, por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.

Además, el TSJ ha confirmado el levantamiento del secreto de la causa y ha señalado que en la causa están investigados por el momento el propio Carlos Fabra, su mujer, uno de sus hijos y una cuarta persona. Fabra declarará como investigado el próximo 28 de octubre en los juzgados de Castellón.

Cabe recordar, que el martes, la Policía Nacional practicó el registro de la vivienda de Fabra, ubicada en Oropesa. Una inspección que duró más de cinco horas y en la que según han explicado fuentes consultadas por nuestra emisora, los agentes se incautaron de documentos y un ordenador.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de a Castellón es el magistrado Jacobo Pin (Borriana, 1981). Se trata del juez que asumió el caso Fabra en los juzgados de Nules. Una causa por la que finalmente fue condenado a prisión el ex líder del PP provincial.

Fabra, líder de los populares castellonenses durante más de 20 años, fue condenado en el año 2013 a 4 años de prisión y a pagar una multa de 1,4 millones después de cometer cuatro delitos contra la Hacienda Pública.