El exalcalde de Navalcarnero dice que ha ido a juicio por una venganza del PSOE

Móstoles

El exalcalde del PP de Navalcarnero Baltasar Santos, juzgado desde este miércoles por un presunto delito de prevaricación por adjudicación de la construcción de un polideportivo en 2006, ha declarado que la causa es fruto de una venganza política del PSOE.

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado el juicio a Santos y a tres técnicos municipales, para quienes la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación y que abonen una indemnización de 10.590.020 euros en concepto de responsabilidad civil al municipio madrileño.

El exalcalde ha asegurado que no se ha enriquecido ni obtenido beneficio por la obra y ha defendido que siempre ha actuado conforme a la ley vigente, siguiendo los criterios técnicos de los expertos y los informes que le hacían llegar.

Ha añadido que sus funciones como regidor se alejan del seguimiento de la obra, las pertinentes modificaciones o el estado de la contabilidad del proyecto, dejando eso para los asesores y técnicos municipales que le remitían la documentación.

Carnero ha cargado contra el actual gobierno municipal liderado por el PSOE, al que acusa de ejercer una venganza política contra él y haber abandonado las instalaciones deportivas cinco años después.

Otro de los acusados, el técnico municipal Juan Antonio M.R., ha argumentado que en el momento en el que detectó irregularidades en las certificaciones de las obras, lo notificó, por lo que se detuvo la construcción.

Para el técnico, la señal de alarma saltó cuando pudo comprobar de primera mano que los avances del polideportivo no coincidían con los inicialmente contratado y puesto por escrito.

También están acusados la interventora Teresa de Jesús H.M. y el arquitecto Martín F.G., que declararán el jueves.

Según el Ministerio Público, como consecuencia de la actuación irregular de los acusados el Ayuntamiento desembolsó 10.590.020 euros por un polideportivo cuya obra no ha sido concluida ya que "fue abandonada por el contratista después de la aprobación del proyecto modificado, habiendo sido sometida a numerosos actos de vandalismo y saqueo por su estado actual".

Según la Fiscalía "la obra nunca se ajustó al proyecto inicialmente redactado" ya que desde un principio "se introdujeron modificaciones que afectaban a la misma en su conjunto, suponiendo un cambio sustancial respecto de la idea original así como respecto del coste final".

Añade que el mismo "se habría visto incrementado en cerca de un 30,88 por ciento, sin que, a pesar de lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato, se tramitase en el momento de introducirse los mismos expediente alguno para aprobar la modificación prevista".