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El Supremo rebaja de once a dos años la pena al profesor acusado en el 'caso Gaztelueta'

El Supremo estima de forma parcial el recurso del profesor por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y excluye de los hechos probados dos de los cinco episodios que condicionaron la gravedad de la pena al apreciar "una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo que no se puede avalar".

El padre del alumno víctima de abusos por parte de un profesor del colegio Gaztelueta de Leioa a quien el Tribunal Supremo ha rebajado la pena de 11 a 2 años de prisión ha valorado la resolución en La Ventana Euskadi,

Juan Cuatrecasas insiste en que, pese a la reducción, la sentencia "sigue siendo condenatoria y demuestra que su hijo dijo la verdad mientras el profesor condenado y el colegio mintieron". Asegura Cuatrecasas que "estudiarán con la letrada que lleva su caso si cabe presentar recurso"

El Tribunal Supremo ha rebajado de once a dos años de prisión la pena que la Audiencia Provincial de Bizkaia impuso al profesor de un colegio de Leioa por abusos sexuales a un alumno menor de edad entre 2009 y 2011.

Además, en una sentencia el alto tribunal le prohíbe acercarse a la víctima durante cuatro años.

La Audiencia vizcaína condenó al docente a once años de prisión por cinco episodios fácticos de abusos sexuales cometidos por el acusado en su despacho al dar credibilidad a la víctima, basándose en el testimonio aportado por los peritos de la acusación.

El Supremo estima de forma parcial el recurso del profesor por vulneración del derecho a la presunción de inocencia y excluye de los hechos probados dos de los cinco episodios que condicionaron la gravedad de la pena al apreciar "una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo que no se puede avalar".

El tribunal explica que la víctima describió los tres primeros episodios, consistentes en tocamientos, desde el momento en que decidió contar lo sucedido a sus padres.

Añade que sin embargo los otros dos hechos no se los contó ni a ellos ni a los diferentes profesionales que le trataron a partir de mayo de 2011.

Tampoco a la Fiscalía de Menores el año que se siguieron diligencias por acoso escolar, ni ante el fiscal superior del País Vasco en 2013, haciéndolo en fecha próxima a 2015 a un psiquiatra, y a partir de ahí los narró en su totalidad en la querella y posterior declaración judicial, aclara el Supremo.

El alto tribunal fundamenta que "no se trata de un hecho inicial que luego va siendo objeto de matizaciones, incluso retractaciones, por parte de quien lo narra".

"Estamos en presencia de un menor de edad que sufre abusos sexuales, que narra su existencia a sus padres y a los profesionales que le asisten cuando ya ha cumplido 15 años y que finalmente, cuando ya ha alcanzado los 19 años, enriquece su relato con dos hechos de una gran trascendencia penológica", recalca.

Los magistrados insisten en que esos dos hechos fueron "silenciados hasta entonces y que tienen una presencia sobrevenida en la querella que interpone en el año 2015".

El Supremo relata que la razón de la omisión inicial y la falta de continuidad en el relato de la víctima la obtiene la Audiencia de Vizcaya de las declaraciones del menor, que explicó la vergüenza y la culpa que sintió por lo ocurrido, y en el dictamen de los peritos que atribuyen el silencio a esos mismos sentimientos.

Sin embargo, el tribunal advierte de que la falta de persistencia en la incriminación quiebra el apoyo probatorio de esos dos hechos y recuerda que fue también la razón que llevó al fiscal a no incluirlos en sus conclusiones definitivas durante el juicio.

"No basta la mera convicción de que aquello tuvo que haber pasado para sustentar una condena que asciende a 11 años de privación de libertad", indica el Supremo, que añade que tampoco es suficiente que la versión de la víctima inspire credibilidad.

Asimismo, afirma que el reproche inherente a cualquier acción penal "se hace más intenso cuando se proyecta sobre un niño", pero "ni siquiera en esas circunstancias puede rebajarse el canon impuesto por el derecho constitucional a la presunción de inocencia".

Por ello considera que "la indignación y la repulsa por unos hechos nunca puede actuar como un elemento que debilite el cuadro de garantías con el que una sociedad democrática quiere que sea enjuiciado cualquier acusado de un hecho delictivo

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