La vía penal en la crisis de la cooperativa 'La Unión' vive su primer episodio en la Audiencia Provincial

Úbeda

Figuran como acusados tanto el excontable como el exauditor de la sociedad cooperativa, ante la confirmación mediante auditoría de una deuda de 2,6 millones de euros que no aparecía registrada en las cuentas anuales y que corresponde a préstamos de los que se benefició el anterior presidente, ya fallecido, José Consuegra. Es por lo que el Ministerio Público, en su informe de calificación, tipifica hasta tres ilícitos penales en los hechos investigados: administración desleal, falseamiento de cuentas y apropiación indebida.

Así, la Fiscalía considera que tanto el excontable como el exauditor fueron colaboradores necesarios para que la cantidad adeudada por el entonces máximo responsable de ‘La Unión’ no se reflejaran en la contabilidad oficial de la cooperativa.

Inmaculada Fernández, Dirección Financiera de ‘La Unión’ señala que “lo que ha aflorado ha sido un crédito del antiguo presidente, que no estaba reconocido en las cuentas anuales y que se ha registrado, por tanto, es una deuda que nace de este señor. En la demanda en la que también se personó Unión de Úbeda, la reclamación de cantidad era de ese importe porque los datos de la contabilidad, aunque en las cuentas anuales nadie lo había registrado, cuando se hizo la auditoría ese importe afloró. No es una cantidad en un momento dado, sino que abarca distintos períodos de tiempo”.

Relata Fiscalía que amparándose, en una situación de "aparente solvencia y gestión", se abrió una sección de crédito en la que tanto los socios como terceros a la sociedad realizaban depósitos que se retribuían a un interés muy superior al del mercado, consiguiendo de esta forma "efectivo con el que disimular la situación real de la empresa".

Debido a la gestión realizada de dichos fondos, la cooperativa tuvo que someterse a un concurso de acreedores que concluyó con la aprobación del correspondiente convenio que dejaba al descubierto una deuda superior a los 40 millones de euros. La Fiscalía reclama a los dos acusados nueve años de prisión y 4.800 euros en multas. Además, en concepto de responsabilidad penal les reclama 2,67 millones de euros por el dinero no reintegrado por el expresidente.