La justicia tumba el confinamiento perimetral de La Almunia de Doña Godina

Zaragoza

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón rechaza el confinamiento perimetral de la localidad de La Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza (son alrededor de 8.000 habitantes con mucha población flotante), porque no tiene acomodo legal bajo la normativa autonómica.

El Gobierno de Aragón había pedido autorización antes de poner en marcha esta medida, que fue anunciada el lunes. Sus servicios jurídicos no comparten los argumentos de este tribunal y el Ejecutivo estudia fórmulas jurídicas "para seguir protegiendo la salud de los aragoneses".

El auto del tribunal dice que el confinamiento solicitado por el Gobierno de Aragón no tiene cobertura legal porque no se puede restringir un derecho fundamental como es la libre circulación, cuando las medidas se dirigen a un grupo de población cuya única conexión con la enfermedad es su residencia en un mismo territorio.

Dicen que las restricciones deberían aplicarse solo a enfermos y personas relacionadas con ellos y no con toda una población.

Tras conocerse esta decisión judicial, el Ayuntamiento de La Almunia ha emitido un comunicado: "Sin entrar a valorar las decisiones de Salud Pública ni la resolución del Tribunal, manifestamos nuestro desconcierto por esta situación. Manifestamos también nuestra queja porque esta resolución se haya adoptado cuatro días después de haberse solicitado por el Gobierno de Aragón".

"Es una situación de desconcierto total, con un sentimiento de inseguridad jurídica; no entendemos nada", señala su alcaldesa Marta Gracia. "No podemos entrar a valorar el auto del tribunal porque no tenemos esos conocimientos pero llevamos toda la semana con idas y venidas sobre si nos confinamos o no y esta es una situación indeseable para todos". 

La Almunia, que se encuentra en Fase 2,  es una población de servicios, hostelería y comercio y los efectos económicos se han dejado notar desde el lunes, con pérdida de clientela de pueblos vecinos que acuden a esta localidad a hacer gestiones o a comprar. "No queremos ser el objeto de discusión de nadie, lo que queremos que nuestra situación epidemiológica mejore", ha remarcado la alcaldesa Marta Gracia.

Los jueces aseguran que no ponen en duda la gravedad de la situación sino que las medidas propuestas no tienen acomodo a la ley de sanidad y salud pública aragonesa.

El Gobierno de Aragón no comparte los argumentos del auto y señala que "difieren de los emitidos por todos los juzgados y tribunales de toda España" y asegura que "seguirá adoptando medidas para combatir el coronavirus y estudia fórmulas jurídicas para continuar protegiendo la salud de los aragoneses".