La Fiscalía asegura que la competencia de reunir a los niños con sus madres es del Gobierno canario
Tras la información destapada por la SER sobre la separación de sus madres de los menores que llegan en patera a las islas , la fiscal jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez, asegura que se actúa según protocolo para prevenir el tráfico de niños y que es potestad de la Dirección General del Menor y la Familia reunificarlos sin necesidad de esperar por las pruebas de ADN.
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisaradio/WMAFWPGI2NMZ5I7INQ3A36LO7U.jpg)
Una madre que llegó en patera a Fuerteventura ha vivido la separación de su hijo mayor (le han permitido continuar con el bebé) nada más tocar tierra, debido a los protocolos de la Fiscalía para prevenir el tráfico de niños. / Carlos de Saá EFE
Las Palmas de Gran Canaria
La fiscal jefa de la provincia de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha explicado en la SER que es la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias la que tiene la responsabilidad y la competencia de atender a los menores que llegan a bordo de pateras y cayucos a las Islas, al igual que la potestad, si así lo considera, de reunificar a estos niños con sus padres sin necesidad de esperar por las pruebas de ADN que demuestren que son realmente son sus progenitores biológicos.
Beatriz Sánchez, fiscal jefa: "La competencia de no separar a los niños de sus madres es de la Dirección General del Menor, no de la Fiscalía"
05:40
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/081RD010000000022173/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Responde así a las críticas del Gobierno regional y el Cabildo de Gran Canaria después de que la SER haya dado a conocer que la Fiscalía ha separado al menos a 12 menores de sus progenitores.
Según Sánchez, la separación responde a los criterios recogidos en un protocolo marco firmado por la Fiscalía General del Estado para prevenir el tráfico de niños. Defiende que es una medida preventiva después de que se hayan producido casos de desaparición de centros de menores de pequeños que llegaron con mujeres y que luego se demostró que no eran sus madres biológicas.
