El Govern acondiciona 22 hectáreas de las 300 que se vieron afectadas en el 'cap de fibló' de Sant Antoni

Sant Antoni de Portmany

El Govern da por finalizadas las tareas prioritarias de restauración ambiental de los daños provocados por el cap de fibló en Sant Antoni en octubre del año pasado. Se ha actuado en un total de 22 hectáreas de las aproximadamente 300 que se vieron afectadas.

Según ha explicado la Conselleria de Medio Ambiente, los trabajos se han llevado a cabo entre los meses de junio y septiembre han contado con un presupuesto de más de 151.000 euros. Principalmente, lo que se ha hecho ha sido retirar árboles con grave riesgo de caída, además de colocar trampas para prevenir plagas forestales.

El técnico del servicio de Gestión Forestal en Ibiza, Miguel Soriano, explica que es difícil actuar en las hectáreas que quedan porque no hay presupuesto, además de que hay zonas que son tierras de cultivo. "Ante la situación actual que nos encontramos, dudo que se pueda destinar presupuesto a esto", lamenta.

Soriano dice que se ha trabajado en las zonas con mayor riesgo de incendio y se estima que el volumen de leña gestionado asciende a 11.000 m³. Parte del residuo ha sido astillado y puesto a disposición de los propietarios y del Ayuntamiento. El resto está siendo gestionada por dos empresas locales para su uso como biomasa.

AYUDAS

Entre otras medidas adoptadas para incentivar la actuación de los propietarios particulares para la restauración de zonas forestales afectadas por el cap de fibló, destaca la línea de ayudas por un importe máximo de 1,7 millones de euros que tramita el Fondo de Garantía Agraria y Pesquería de las Illes Balears (Fogaiba) y a la cual se han podido acoger los afectados por desastres naturales.

Estas subvenciones, financiadas con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), tienen por objetivo promover la creación de fajas o áreas de prevención de incendios forestales a fincas situadas en la interfaz urbano-forestal.

En este sentido, hay que recordar la obligación, desde la aprobación, la pasada legislatura, de la reforma de la Ley Agraria, de ejecutar fajas de autoprotección de 30 metros alrededor de las viviendas situadas dentro de zona forestal con el fin de establecer medidas de seguridad que garanticen su autoprotección frente al riesgo de incendios forestales.