Martes, 24 de Noviembre de 2020

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Santiago de Compostela

Raxoi estudia recurrir la anulación de la moratoria

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santiago analizan la posbilidad de presentar un recurso a la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

La proliferación de los pisos de uso turístico, preocupa en Compostela

La proliferación de los pisos de uso turístico, preocupa en Compostela / Pixabay

El gobierno local de Santiago de Compostela estudia la posibilidad de recurrir la anulación de la moratoria de los pisos turísticos. Los servicios jurídicos de Raxoi analizan la posibilidad de plantear un recurso ante la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de anular la moratoria de pisos turísiticos en el Casco Histórico de la ciudad por un defecto de forma.

En una entrevista en el Hoy por Hoy Santiago, el alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, afirmó que la sentencia no afecta a los planes del gobierno local, porque no condiciona las decisiones tomadas por su gobierno, que decisidió ampliar el veto a los pisos turísticos mientras se tramita el Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Bugallo afirmó que los servicios jurídicos están estudiando el texto y anunció que, "si es posible", recurrirán la anulación. "La intención es seguir adelante", remarcó el alcalde, que agregó que pretenden llevar la prohibición más allá del Plan Especial del Casco Histórico e incorporarla a la modificación del PXOM.

Economía colaborativa

Los vecinos del Casco Histórico, más allá de la decisión del TSCG, esperan que sirva para elaborar un nuevo marco regulador. No quieren un veto absoluto a las viviendas turísticas y apuestan por una normativa que haga diferencias entre los pequeños propietarios, los que viven de ello, de las grandes empresas.

El presidente de la Asociación de Vecinos, Marcos Pombo, entiende "que es necesario incluir esta figura de la gente que vive de acoger a personas en sus viviendas", e incidió en la neecsidad de "una regulación que incluya una economía colaborativa, una economía real".

Pombo remarca que la prioridad tiene que ser evitar que se expulse a los vecinos de la Zona Vieja y que se quede desierta.

Falta de diálogo

La sentencia no ha sorprendido en la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga). Su presidenta, Dulcinea Aguín opina que es un tirón de orejas y la consecuencia de la falta de diálogo por parte del gobierno de Compostela Aberta, en unas medidas que deberían nacer del consenso.

Aguin explicó que "cuando las cosas se hacen de espaldas al sector y a la ciudadanía vienen estos resultados". "Cuando se estabecen estos procedimientos, es muy importante el consenso. Hay que llegar a acuerdos, a negociaciones, y poner en valor los mecanismos legales y de entendimiento, tanto por parte de la administración local como del sector", agregó.

Aviturga sigue esperando a que se concrete en el PXOM esa suspensión de las licencias a pisos turísticos. Aguín confía en que "habrá puntos de entendimiento y de encuentro" con el gobierno local.

La postura del PP, CA y BNG

En el PP recuerdan que, desde el principio, habían advertido de la "indefensión" en la que quedaban muchas personas, y denuncian que "no se puede regular de espaldas a los ciudadanos". El portavoz municipal de los conservadores, Alejandro Sánchez Brunete, ironizó con el defecto de forma de Compostela Aberta, y dudó sobre la actitud que seguirá el gobierno local.

Así, Brunete se preguntó si "Rosón, siempre muy en sintonía con Compostela Aberta, quiere moverse en el escenario del dogmatismo político de CA, o si quiere empezar a trabajar en el campo abierto de un urbanismo más consensuado y racional".

Por su parte, en Compostela Aberta remarcan que el fallo "no cuestiona el contenido, sino el procedimiento". Por eso, Marta Lois considera que el gobierno local "debe recurrir". "La ciudadanía no entendería que una sanción, por defectos de forma, pueda ir en contra del interés general y por la apuesta de revitalizar el Casco Viejo y controlar los excesos de turistifcación".

En el BNG también señalan que "no se cuestiona el objeto", pero recuerdan que alertaron sobre los problemas de inseguridad jurídica. Goretti Sanmartín opina que "el camino no puede ser ir por la vía de expulsar a más gente de la Zona Vieja". "Tiene que haber servicios, que la gente resida aquí, acompañado por las garantías jurídicas para que todo el mundo pueda tener una vida digna".

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