Domingo, 25 de Julio de 2021

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Admiten el recurso de Iberdrola a la sentencia que le obliga a pagar 8,7 millones al Ayuntamiento de Lorca

El equipo de Gobierno adelanta que presentará alegaciones al recurso

Admiten el recurso de Iberdrola a la sentencia que le obliga a pagar 8,7 millones al Ayuntamiento de Lorca

Admiten el recurso de Iberdrola a la sentencia que le obliga a pagar 8,7 millones al Ayuntamiento de Lorca / Getty Images

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación de Iberdrola contra la sentencia que en 2018 le condenó a pagar 8,7 millones de euros al ayuntamiento de Lorca por la liquidación de las tasas de las licencias de actividad de dos subestaciones eléctricas.

Lo ha confirmado el PP que asegura haber tenido acceso “de forma oficiosa” a la información que el equipo de Gobierno, del PSOE y CS, “ha escondido” a la ciudadanía pese a ser “muy relevante” y que le fue notificada hace varias semanas.

La edil del PP Rosa Medina ha afirmado este miércoles, en una rueda de prensa, que la admisión del recurso a la compañía por el Supremo abre la posibilidad de que el consistorio tenga que devolver el dinero de la sentencia. “Haber superado este primer filtro nos hace sospechar que Iberdrola pueda ganar el caso y que el ayuntamiento tenga que desembolsar casi nueve millones de euros”, ha indicado en una rueda de prensa.

El dinero se incluyó en el arqueo de caja con 14 millones de euros que se traspasó al nuevo alcalde, Diego José Mateos, del PSOE, durante el relevo en la alcaldía, ha recordado en su comparecencia.

El partido de Medina ha registrado este jueves un escrito dirigido al alcalde en el que reclama la convocatoria urgente de la comisión municipal de Hacienda, Gestión Económica y Cuentas para que informe a todos los grupos municipales sobre el recurso.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Isidro Abellán ha dicho que en función de la sentencia del Supremo “el ayuntamiento adoptará las medidas que tenga que adoptar” y sobre la posibilidad de tener que devolver el dinero, que la compañía ingresó en las arcas municipales en febrero de 2019, ha dicho que el equipo de Gobierno siempre ha mantenido “precaución” en el gasto ante las dudas sobre la resolución definitiva del litigio con Iberdrola.

El edil del PSOE ha asegurado que, en contra de lo manifestado por el PP, que asegura que mantuvo el dinero reservado por si había que reintegrarlo, “lo gastó, como quedó demostrado en la documentación que se aportó en el cambio de Gobierno”, según la cual “faltaban en las arcas del ayuntamiento 10,5 millones de euros”.

Abellán ha señalado que cuando el PSOE y CS accedieron a la alcaldía en junio de 2019 “en la caja del ayuntamiento había 14,4 millones de euros” y según los datos de la Tesorería “en ese mismo momento no debería haber ese importe, sino la cantidad de 16,4 millones”.

Esa cantidad era “gasto afectado” por las obras que estaban en marcha en Lorca en ese momento, por lo que los dos millones de menos en caja sumandos a los 8,7 de Iberdrola, indican que el PP se gastó diez millones de euros de más.

Abellán ha hecho esta argumentación para demostrar que el PP “está dando datos falsos” a los ciudadanos sobre la situación financiera del ayuntamiento cuando se produjo el cambio de gobierno.

Iberdrola ingresó en febrero de 2019 en las cuentas del ayuntamiento 8,7 millones de euros en ejecución provisional de la sentencia judicial que en mayo de 2018 condenó a la compañía a abonar este dinero al consistorio, correspondiente a la liquidación de las tasas de licencia de actividad de las subestaciones eléctricas de Carril y Nogalte más los intereses legales y los intereses de demora. Esta cantidad equivalía al 11,5 por ciento del presupuesto municipal.

Ese litigio con Iberdrola se inició en el año 2013, cuando se efectuaron las liquidaciones de las tasas de licencias de actividad de las dos subestaciones eléctricas de Carril y Nogalte en las que el consistorio y la compañía discreparon sobre el importe.

Iberdrola entendía que debían calcularse sólo en función de la energía consumida en esos centros, mientras que el ayuntamiento consideraba el cálculo a realizar sobre la totalidad de la energía transformada en esas subestaciones eléctricas.

La compañía también recurrió la ordenanza municipal al considerar que no estaba ajustada a derecho

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