Sociedad

El 50% del presupuesto sanitario de Madrid va a parar al sector privado, según un estudio

Absorbe la mitad del presupuesto sanitario mediante distintos tipos de contrataciones para la provisión de servicios, fármacos y equipamientos, la Consejería de Sanidad gestionaba "un gasto de 4.234 millones en actividades con medios propios", según la liquidación presupuestaria de 2018, la última publicada por la Comunidad de Madrid.

Quirón Salud

Madrid

El 49,4% del presupuesto de Sanidad en la Comunidad de Madrid va a parar a empresas y clínicas privadas, por un importe superior a 4.131 millones de euros y que ha subido un 15,6% en tres años, según un informe de Audita Sanidad que considera "muy grave la desposesión de la capacidad de gestionar la sanidad pública".

Mientras el sector privado "absorbe la mitad del presupuesto sanitario" mediante distintos tipos de contrataciones para la provisión de servicios, fármacos y equipamientos, la Consejería de Sanidad gestionaba "un gasto de 4.234 millones en actividades con medios propios", según la liquidación presupuestaria de 2018, la última publicada por la Comunidad de Madrid.

"Si tenemos en cuenta que el 42% del gasto gestionado por la Consejería es para gasto de personal, en concreto 3.542 millones, la conclusión es que a la Consejería de Sanidad solo le quedan 691,4 millones a gestionar, es decir, un 8% del total", aseguran desde la plataforma Audita Sanidad en la presentación del informe.

"Cada vez más la sanidad pública está gestionada por el sector privado. La mitad del presupuesto va a parar a terceros", añade el estudio sobre ''El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña'' que además considera que los pagos crecientes al sector privado contribuyen "a incrementar la deuda pública en sanidad".

Las empresas, sus ''lobbies'' y fundaciones "presionan e influyen sobre la sanidad pública", con el riesgo de que el sector privado "arrastre y subordine al sector público dejando sin capacidad de maniobra a la Consejería de Sanidad", advierte esta plataforma. También cuestiona "en qué medida se ejerce el obligado control sobre la sanidad privada contratada por la pública" y si en la práctica "la sanidad privada subcontratada controla, por el sistema de presión, a la pública".

De las partidas analizadas, el gasto farmacéutico supone la mitad del total; los conciertos y colaboraciones público privadas -pago de cánones y cápitas a hospitales PPP y PFI- representan el 23% de los pagos a la privada, así como los servicios externalizados (ambulancias, limpieza, seguridad, lavandería).

En concreto, los pagos a hospitales modelo PPP (colaboración público privada) y PFI (iniciativas de financiación privada), que han subido un 19,8% entre 2015 y 2018 según la plataforma que además recalca que los cánones anuales a este tipo de hospitales terminan "teniendo un coste seis veces mayor a si se hubiera construido el hospital con recursos públicos".

También critica el coste de los conciertos con entidades privadas como la Jiménez Díaz, que actualmente pertenece a la multinacional alemana Fresenius, y el Laboratorio Clínico Central (propiedad de Unilabs y Ribera Salud), que superan los 344 millones anuales.

Asimismo, denuncian que los cuatro hospitales PPP -Villalba, Torrejón, Valdemoro, y Rey Juan Carlos (Móstoles)- cuyas cápitas anuales tuvieron un coste superior a los 302 millones en 2018, están controlados por "fondos de inversión especulativos", según la doctora Carmen San José.

Tras recalcar el "abuso" de los contratos menores sin licitación, que en 2018 supusieron el 99% del total de contratos realizados por la consejería, desde la plataforma se temen que esta situación "se multiplique con la contratación por vía de emergencia" desde el año pasado debido a la pandemia de covid.

"Hay una desposesión enorme que deja a la administración pública sin capacidad de organizar de otra forma el uso de los fondos públicos a consecuencia del enorme peso que va al sector privado", advierte uno de los autores del estudio, Vicente Losada. Por ello, la plataforma pide "más transparencia en la gestión", además de "plantear estrategias de desprivatización de recursos y servicios" y su reversión al sector público.

Asimismo, reclama "una nueva política farmacéutica para la desmedicalización de la atención sanitaria", además de desarrollar progresivamente un modelo de farmacia pública, "como ya existe con la farmacia militar", posibilitando reestructurar las relaciones con la industria farmacéutica.

 
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