Sociedad

Los valoradores advierten sobre los retrasos en dependencia por el abuso de contratos temporales

Los enlaces sindicales denuncian que solo tres de los 106 trabajadores del servicio cuentan con una plaza fija mientras que el resto se ve abocado a pasar por una nueva OPE

La falta de personal se suple de manera reiterado con contratos de seis meses

Dependencia / Cadena SER

Tenerife

El abuso de contratación temporal ha revuelto las entrañas de los empleados públicos de Canarias. El malestar y las reivindicaciones salpican a todas las consejerías y se recrudecen en las áreas de Sanidad y Derechos Sociales con un lastre de gestión endémico. El Archipiélago cuenta con la media de espera por la resolución de la dependencia más extensa y agónica del país. Hasta 923 días y pese a que los beneficiarios de la prestación aumentaron un 2,2 por ciento.

La saturación de este sistema se debe, en gran parte, a los complejos procesos burocráticos, pero también a la precariedad apuntalada durante décadas que hace que solo tres de los 106 sanitarios y trabajadores sociales del servicio de Dependencia cuenten con una plaza fija. Según denuncian los enlaces sindicales, el resto vive bajo la denominación de "personal temporal indefinido" desde 2013, cuando finalizaron los juicios por las sucesivas denuncias presentadas para lograr la estabilización laboral. Antes, y desde 2007, la mayoría encadenó innumerables prórrogas de un contrato de obras y servicios tras superar un concurso de oposición.

"El principal problema de las listas de espera es que se ha desmantelado el sistema (...) No solamente estamos luchando por la calidad en nuestro de trabajo sino también por la calidad del servicio que los usuarios van a recibir", asegura una de las valoradoras de dependencia, Yolanda Cívicos. Frente a la inseguridad del día a día, el Gobierno de Canarias apunta a las ofertas de empleo público como la única vía para anclar a los profesionales que llevan más de 13 años en un limbo.

Esta opción es calificada como "injusta" y "un riesgo" por los profesionales. "Los ciudadanos tienen que entender que las OPE ilegales que se están convocando les van a repercutir. 32 de nosotros llevamos desde la creación del servicio, nadie nos puede enseñar nada de dependencia. Sabemos las medidas que han fallado y por qué. Si en estas OPE nos quedáramos por el camino, se perdería un valor humano en conocimiento y experiencia irreparable".

Los trabajadores han sido respaldado por el Tribunal Superior de Justicia Europeo, que en marzo de 2020 sentenció en firme la existencia fraude de Ley generalizado en la contratación de personal interino y temporal en la Administración española. Además, el alto órgano insta a las instituciones a resarcir a los empleados abusados y garantizar su fijeza. La portavoz María Dolores Díaz denuncia que, incluso, en las administraciones públicas del Archipiélago "este año se han destruido plazas del grupo C o D (relativo a personal administrativo) para crear plazas de directivos porque consideran que necesitan personas que dirigen".

Pero los problemas estructurales del servicio de Dependencia no comienzan ni terminan con la situación de la plantilla actual. Díaz relata como durante años la única fórmula para suplir el déficit de personal ha sido la contratación temporal por periodos máximos de seis meses. La última ocasión en la que se realizó esta práctica fue en junio del ejercicio pasado, finalizando las relaciones en diciembre.

"No prolongan las contrataciones porque ya han entrado en abuso de temporalidad en otras ocasiones. Estamos formando a personas durante mucho tiempo, lo que ralentiza nuestro propio trabajo", asevera Díaz. Este bucle se traslada directamente a las personas que solicitan la prestación y el reconocimiento de dependencia: "Los trámites administrativos aburren hasta tal punto que a veces la gente no presenta las solicitudes porque no tiene tiempo ni capacidad para organizar todo lo que se les pide. Pero es que, además, no se les da respuesta de manera inmediata".

Asimismo, la valoradora reconoce que las limitaciones de personal "hacen que el tiempo que tardemos en hacer las valoraciones es cada vez más largo. Cierto es que cuando hemos contado con apoyos temporales hemos cogido carrerilla. Pero en cuanto esos contratos finalizan, volvemos al punto de partida (...) Hay que sumar que se tarda mucho en sustituir las bajas. O no se sustituyen o se hace tarde, por lo que siempre arrastramos listas de espera en cualquier fase del procedimiento".

Los fondos clave para impulsar la gestión de Dependencia ya están comprometidos

El maná europeo para la reconstrucción se ha saldado con un acuerdo de entrega de 102 millones de euros para que Canarias impulse un nuevo modelo de cuidados. Con estos fondos y con el plan de choque estatal de Dependencia, que contempla una inyección de 600 millones de euros, el Ejecutivo canario encuentra la posibilidad y el dinero para no alargar más precariedad laboral.

"La gente está muy frustrada en cualquier servicio (...) Cuando llegamos a las casas, nos encontramos con cuidadores sobrecargados y somos su muro de contención. Lo asumimos con tranquilidad y calma e intentamos transmitirles calma, pero esto es un derecho y hay que luchar por él", insiste Yolanda Cívicos.

En este sentido, la Consejería de Derechos Sociales ha reconocido las carencias de personal y la necesidad de mejoras estructurales atribuyendo las deficiencias a la herencia política del anterior Gobierno. Contra ello, sus dirigentes han confirmado a la SER que ya se ha solicitado sumar a 16 trabajadores sociales. Actualmente, el departamento que dirige Noemí Santana cuenta con 67 profesionales de la rama, 9 de ellos personal funcionario y 58 personal laboral.

 
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