Lunes, 17 de Mayo de 2021

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Un juzgado de Burgos instruye desde 2015 una querella por desvío de fondos de una sociedad empresarial

Reclaman 28 millones por perjuicios, por salida de fondos de la sociedad común a otras privativas

Un juzgado de Burgos instruye desde hace seis años una querella por desvío de fondos de una sociedad empresarial

Un juzgado de Burgos instruye desde hace seis años una querella por desvío de fondos de una sociedad empresarial / Radio Castilla

La adjudicataria del vertedero de residuos industriales no tóxicos de Abajas forma parte de un entramado empresarial que se investiga desde 2015 en un juzgado de Burgos tras una denuncia por movimientos económicos que perjudicaron a una sociedad empresarial.

La denuncia fue presentada por tres de los seis miembros de la familia Arranz Acinas que formaban parte del Consejo de Administración de la sociedad Pantersa contra Jesús Arranz Acinas y Jesús Arranz Monje por supuestos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental. Más de cinco años después, la instrucción sigue en marcha, debido a que el asunto se ha declarado de especial complejidad.

Reclaman 28 millones de euros por perjuicios, en los que se incluyen cerca de 5,4 millones de euros de salidas de fondos de la sociedad Pantersa a manos privadas. La denuncia incluye varios supuestos de competencia desleal desde empresas privativas de los querellados al grupo Pantersa y graves irregularidades en la gestión del grupo en España, Estados Unidos y Panamá. Tanto los querellantes como el principal querellado, Arranz Monje, han rehusado hacer declaraciones, al tratarse de un asunto que está judicializado.

En marzo de 2017 coinciden dos hechos relevantes relacionados con este mismo asunto. Por una parte, la UCO de la Guardia Civil registraba varias sedes de empresas vinculadas a Jesús Arranz Acinas y Arranz Monje, este último investigado también en el caso Lezo, de presunta financiación irregular del PP.

Concretamente, se buscaban pistas de un posible delito de blanqueo de capital después de que el responsable de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, al que en la instrucción del caso Lezo se le señala como presunto recaudador, transfiriera un millón de euros, enviados desde una cuenta de Liechtenstein prácticamente a partes iguales a una cuenta de Arranz Monje en Panamá y otra de su madre en Suiza.

Por otra parte, se amplió la querella presentada en 2015, en este caso por la operación relacionada con la adjudicación de Vertedero Industrial de Abajas. En la ampliación se señala la inscripción en el Registro de acuerdos inexistentes de consejos y juntas; pérdida de negocios del grupo, concretamente de la empresa Seinfra, en favor de sociedades privadas en las que Arranz Monje era socio mayoritario; deslocalización de fondos en favor de esas sociedades; y pérdida de activos de Seinfra en favor de otra sociedad ajena al grupo Pantersa.

De hecho, la adjudicataria transmitió la licencia del vertedero industrial a otra Sociedad, Depósitos y Reciclados del Norte, que está fuera del grupo Pantersa, que no tiene siquiera participación en la nueva sociedad que actualmente está ejecutando el proyecto.

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