La gran red china de marihuana en España: una cooperativa que ganó siete millones de euros

Barcelona

La gran red de cultivo y tráfico de marihuana desarticulada la semana pasada por los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional operaba como una cooperativa, liderada por dos familias de origen chino, que generó casi siete millones de euros con una gran sofisticación, pero sin ostentación ni violencia.

Así lo han detallado en rueda de prensa el inspector Toni Salleras, jefe del área central de Crimen Organizado de los Mossos, y el inspector Juan Pablo Iglesias, jefe de la sección de Organizaciones Criminales Trasnacionales de la Policía Nacional, que han destacado la cooperación entre ambos cuerpos para golpear el pasado 14 de abril a una de las mayores organizaciones criminales de origen chino dedicada al tráfico internacional de marihuana.

Tras más de un año de investigación que arrancó a finales de 2019 al detectarse envíos de marihuana a Europa en servicios de paquetería, se ha detenido a 65 personas -29 de las cuales ha ingresado en prisión preventiva-, se han desmantelado 13 plantaciones, convertidas en fábricas industrializadas de producción, con 40.000 plantas en diferentes estados de crecimiento, y se han intervenido 190.000 euros en efectivo.

Los detenidos, cuatro de ellos en Asturias, pertenecen supuestamente al denominado Bang de Fujian, una red vinculada desde 2012 en España a la trata y a la explotación laboral y que desde 2017 se decantó por el tráfico de marihuana a gran escala, aprovechando la baja penalidad de este tipo de delito, para su distribución al resto de Europa.

La red estaba dirigida por dos familias chinas que operaban, según Salleras, con un novedoso modelo, emulando el funcionamiento de las cooperativas: cada una de las plantas de producción requería de 100.000 euros para ponerse en marcha y el dinero lo aportaban cinco socios -a 20.000 euros cada uno-, que en tres meses ya habían recuperado la inversión.

La investigación, tutelada por el juzgado número 5 de Badalona (Barcelona), se inició a finales de 2019, cuando los Mossos y la Policía, por separado, detectaron envíos sospechosos de paquetería de España hacia distintos países europeos, como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal y Holanda, que contenían marihuana. A través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que detectó que ambos cuerpos seguían la misma pista, Mossos y Policía crearon un equipo conjunto que ha permitido desmantelar la red.

En total, los investigadores han podido atribuir a la red el envío de casi 700 paquetes a Europa con hasta 30 kilos de marihuana, aunque con el cierre de fronteras por el coronavirus tuvieron que recurrir en exclusiva a los servicios de empresas legales de paquetería. Una vez los clanes familiares lograban recopilar mediante socios los 100.000 euros para la apertura de las naves, estas empezaban a funcionar a pleno rendimiento, controladas por los líderes de la organización, que llevaban un discreto y austero ritmo de vida, sin lujos, cambiando de domicilio para evitar ser detectados, por lo que vivían entre Barcelona, Santa Coloma de Gramenet y Badalona.

Por debajo de los jefes se situaban los 'maestros', que controlaban la producción, mientras que el día a día de la plantación lo llevaban los 'jardineros', a los que se pagaba un sueldo o un porcentaje pequeño de los beneficios. De hecho, según ha subrayado Iglesias, la capacidad de producción de la red era "tan potente" que incluso tenían relación con bandas criminales de origen albanés y polaco para suministrarles marihuana.

El grado de sofisticación y de tecnificación de las naves era "máximo" según Salleras, que ha destacado que, pese a que las dos familias tenían antecedentes, en este caso no incurrieron ni en trata ni en explotación de los trabajadores, por lo que se les acusa de los delitos de organización criminal, trafico drogas, blanqueo, usurpación de identidad, falsedad documental y defraudación de fluido eléctrico.

En el dispositivo del pasado día 14 intervinieron técnicos de Endesa, que determinaron que había siete conexiones fraudulentas a la red eléctrica que suponían un consumo ilegal equivalente al consumo anual de 1.177 viviendas. Las trece naves de la red -que también sufrió el robo en una de ellas por parte de un grupo rival o vio cómo cuatro eran registradas en una acción "en caliente" de la policía que no puso en peligro la investigación- generaron durante el tiempo en que estuvieron operativas un volumen de negocio de entre seis y siete de millones, según los responsables policiales.

La "complacencia" del sistema penal español con delitos vinculados al cultivo y tráfico de marihuana, las conexiones terrestres con el resto de Europa y la presión en el sur de España contra el tráfico de hachís explican, en parte, según Salleras e Iglesias, la implantación en España de redes chinas dedicadas a esta actividad, que se ha convertido en un "problema real" debido a su proliferación y las consecuentes luchas por el control. Sin embargo, a la red ahora desarticulada no le constan delitos vinculados a la violencia, según han recalcado los investigadores.

En la operación del pasado 14 de abril, en que se arrestó a 57 de los sospechosos y se desmantelaron las 13 naves, participaron más de 350 agentes de ambos cuerpos, con el apoyo del CITCO y de Interpol, ya que se realizaron 29 registros en Barcelona, Tarragona, Oviedo, Gijón, Bilbao, Portugal y Países Bajos.