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Los trabajadores de Alu Ibérica, satisfechos con la intervención judicial de la planta de A Coruña

El comité de empresa insiste en el fraude que ha supuesto la operación de venta de las plantas

Alu Ibérica defiende la "correcta administración" de las plantas

Entrevista a Juan Carlos Corbacho, presidente del Comité de empresa de AluIbérica (05/05/2021)

Entrevista a Juan Carlos Corbacho, presidente del Comité de empresa de AluIbérica (05/05/2021)

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A Coruña

Los trabajadores de Alu-Ibérica se han mostrado satisfechos de la decisión del juzgado central de instrucción número 3 de Madrid que ha decretado la intervención judicial de la empresa que gestiona la planta de la antigua Alcoa en A Coruña. Así, el juez designa como administradores a funcionarios de la Administración general del Estado y de la Seguridad Social. El comité de empresa insiste en el fraude que ha supuesto la operación de venta de las plantas y que ahora comienza a reflejarse en los tribunales. La fábrica continúa, no obstante, su actividad

Alu Ibérica defiende la "correcta administración" de las plantas

A través de un comunicado, Alu Ibérica señala que podrá demostrar la "correcta administración" de las plantas de A Coruña y Avilés. Y ofrece su voluntad de colaboración con la Justicia para ofrecer toda la información necesaria. Afirma además que ha comunicado la situación a la plantilla, a la que ha pedido tranquilidad. También ha pedido colaboración a los trabajadores para mantener la actividad en la planta mientras dure la intervención judicial. En este sentido, sostiene que "la producción de aluminicio en las plantas sigue su curso" y que "se mantendrá como estaba previsto".

La motivación de la intervención judicial

El juzgado adopta la decisón de intervenir a la empresa en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional que intenta aclarar si se cometió algún delito en la compraventa de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, tras la querella presentada por el sindicato Confederación de Cuadros Profesionales. En esa instrucción, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado como medida cautelar la intervención judicial de las sociedades. Ahora, el juzgado atiende a esta petición al apreciar indicios de descapitalización de las empresas y de los centros de producción, y para salvaguardar derechos de trabajadores, acreedores y administraciones.

 
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