Martes, 15 de Junio de 2021

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La ley de Segunda Oportunidad rescata a una pareja de hosteleros algecireños

La resolución del Juzgado de lo Mercantil incluye exoneración de deudas con Hacienda y aplazamientossin intereses de créditos vencidos.

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En una resolución de 7 de mayo pasado, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz ha exonerado a un matrimonio de hosteleros de Algeciras de la mayor parte de sus deudas, incluyendo cantidades pendientes con Hacienda y Seguridad Social. Además de la exoneración, la Juez ha ordenado el aplazamiento sin intereses de otros créditos. La resolución ha aplicado la Ley de Segunda Oportunidad, promulgada el pasado año 2015.

El procedimiento ha sido tramitado por las abogadas algecireñas Guadalupe Pérez de Vargas y Teresa Budiño, de la firma MOREANA Abogados. El negocio familiar (una cafetería - confitería en un lugar céntrico de Algeciras) sufrió las consecuencias de la crisis económica y se vio obligado a solicitar concurso de acreedores. El cierre del negocio dejó sin ingresos al matrimonio, que no fue capaz de atender las cuotas hipotecarias de su vivienda habitual, de modo que la entidad financiera amenazó con desahuciarlos. En una resolución anterior, sin embargo, el Juzgado excluyó de la liquidación la vivienda del matrimonio, con lo que la familia podrá conservar el inmueble, abonando regularmente la hipoteca.

"La protección de la vivienda habitual en los procedimientos de Segunda Oportunidad es una cuestión especialmente compleja", afirma Teresa Budiño. "El Juzgado ha sido pionero en Andalucía al aplicar la exclusión de la vivienda habitual de la liquidación concursal, razonando que de ese modo no sólo se posibilita que la familia no pierda su techo, sino también que el banco mantiene su crédito". La otra letrada que ha impulsado el asunto, Guadalupe Pérez de Vargas, remacha diciendo que "es una solución donde todos ganan y nadie pierde".

"Es como volver a nacer", afirma María Valencia, deudora beneficiada por la resolución. "Ahora podremos volver a emprender, a trabajar, a vivir una vida normal con nuestros hijos sin sufrir el acoso día y noche de los acreedores, y sin estar embargados y con las manos atadas".

Con la exoneración, las deudas canceladas desaparecerán de los ficheros de morosos y de las carteras de fondos buitres que habían adquirido los créditos a bancos y financieras. Lo mismo sucederá con las deudas aplazadas, que ahora la familia podrá ir pagando mes a mes.

El auto del Juzgado de lo Mercantil no sólo exonera deudas con bancos y financieras, sino también con Hacienda y Seguridad Social. La resolución en este punto es pionera porque apela a la reciente Directiva Europea de Segunda Oportunidad, aún no traspuesta al ordenamiento español, para afirmar que la exoneración de deudas debe incluir también las cantidades debidas a entidades públicas. "El principal problema de la ley actual es que no está claro si las deudas con entidades públicas son exonerables, como sí lo son claramente las deudas con bancos y otros acreedores privados", afirma Guadalupe Pérez de Vargas. "El Gobierno no termina de cumplir con su obligación de trasponer la Directiva Europea, a pesar de que el plazo le vence en junio de este mismo año". La no trasposición en plazo de normativa europea es por desgracia frecuente, a pesar de que supone un incumplimiento de las obligaciones que tiene España con la Unión Europea, y puede conllevar la imposición de fuertes sanciones. Recientemente, laComisión Europea denunció a España por no haber traspuesto en plazo la Directiva 2016/680 en materia de protección de datos personales, lo cual supuso para España una multa de 15 millones de euros.

Aunque la Unión Europea podría también sancionar a España si el Gobierno no traspusiese la Directiva de Segunda Oportunidad en plazo, "lo importante en este caso ha sido que el Juzgado ha considerado que la norma europea ya es aplicable en determinadas circunstancias, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo nacional". El criterio de los Juzgados en este punto, sin embargo, es distinto según provincias, lo cual genera una gran inseguridad jurídica y una desigualdad importante en el acceso de los ciudadanos a este novedoso procedimiento.

La Ley de Segunda Oportunidad es aplicable a insolvencias tanto de personas y familias, como de profesionales y empresarios. Incorpora al ordenamiento español un mecanismo, habitual en países de nuestro entorno, que permite a los deudores de buena fe exonerarse de sus deudas, pudiendo así acceder a una nueva oportunidad de trabajar y emprender sin arrastrar la losa de créditos pasados inasumibles. Este procedimiento, sin embargo, "sigue siendo muy desconocido, no sólo entre el público en general sino también entre abogados y economistas", afirma Teresa Budiño, "pues la mentalidad en España es que el deudor insolvente lo es hasta la tumba". A pesar de que este nuevo camino se abrió hace ya seis años, según los expertos la Ley de Segunda Oportunidad ha sido un relativo fracaso, "lo cual es preocupante porque la crisis económica generada por el coronavirus podría dejar en nada la anterior", concluye Budiño. En efecto, el Ministerio de Justicia calcula que los concursos de acreedores (las antiguas quiebras) se incrementarán en un 246% en 2020 y en un astronómico 619% en 2021. Sin embargo, los procedimientos de segunda oportunidad no han crecido en la misma proporción.1

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