Inquilinos a juicio por coacciones a la arrendadora

Barcelona

Juan y Livia se enfrentan hoy a un juicio en el que les piden 1 año de prisión y 30.000 euros de multa por coacciones e injurias a la propietaria del piso donde vivieron durante 12 años. El matrimonio peruano pagaba 1.000 euros desde 2007 para vivir con sus hijos en un séptimo piso de 140 metros cuadrados en la Travessera de Gràcia de Barcelona. Después de 11 años de contrato, la dueña quiso subirlos el alquiler. Exigía 300 euros más, pero el matrimonio se negó. Les dio un mes para marchar y devolver las llaves, pero no lo hicieron. Siguieron pagando el alquiler que consideraban justo.

La propietaria activó entonces la vía judicial para echarlos y ellos, con la ayuda y movilización de los movimientos de vivienda, iniciaron "una campaña de desprestigio y presiones", según la acusación, señalando a la dueña en su casa , su trabajo, en el barrio o en las redes sociales, que ha puesto en cuestión los límites de la negociación y la lucha contra el precio del alquiler. La defensa de Juan y Livia mantiene que los hechos están amparados en el ejercicio del derecho a manifestación.

Juan y Livia no se fueron, así que, a finales de 2018, el juzgado de primera instancia 22 fijó el desahucio del matrimonio por 6 meses después. Al final fue necesario casi un año y medio para su ejecución, varios intentos y un importante despliegue policial, que le costó duras críticas al departamento de Interior, entonces en manos de Miquel Buch.

Hasta el último momento, los inquilinos quisieron negociar. El juzgado deberá dirimir si en el intento se excedieron y coaccionaron o injuriaron a la propietaria, Esther Argerich. Semanas después de que subiera el precio del contrato, los inquilinos, acompañados de un grupo de personas, se concentraron en la inmobiliaria que gestionaba la vivienda. Llevaban carteles donde se leía "Esther Argerich y Fincas Casuero, especulan y expulsan vecinos". Según el relato de las acusaciones, los manifestantes entraron en la oficina "con violencia e intimidación", "picando sobre las mesas”, con gritos de "especuladores". Amenazaron al volver cada día si la inmobiliaria no desistía de administrar la finca y lo hacían por escrito en ese mismo momento. Lo hicieron, asegura la fiscalía, con el objetivo de que se fueran. Pero la propietaria no cambió de opinión.

En las semanas siguientes, el sindicato de arrendatarias y la oficina de vivienda popular de Gracia empapelaron el barrio con carteles y folletos con los nombres y apellidos de la propietaria, insistiendo en la necesidad de que ofreciera un alquiler social a los inquilinos. Tres meses después, distribuyeron nuevos folletos entre los buzones del edificio donde vivía Esther Arderich. En aquellos panfletos, se la calificaba de "prepotente e intolerante" por no querer negociar una rebaja del alquiler.

Y de su casa pasaron a la oficina donde trabajaba. El 14 de mayo de 2020, según relata la fiscalía, fueron a su trabajo, en las oficinas de la Diputación de Barcelona. Desplegaron una pancarta con su nombre y el mensaje "no expulses ningún vecino" mientras la llamaban a la oficina para negociar.

La mujer les acusa también de vulnerar su honor y su intimidad señalándola en la televisión pública o a través de videos en las redes sociales. Lo hizo entre otros, la actual ministra Irene Montero, en un video en el que miraba a cámara y le pedía directamente que se rebajara el alquiler: "Este es un mensaje para Esther Argerich, la propietaria del piso en el que la Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos ".

En junio de ese año, la demandante cogía la baja laboral por ansiedad derivada de estas acciones. La fiscalía cree que el matrimonio ha cometido un delito de coacciones y pide a cada uno de los acusados 1 año de cárcel y 3.000 euros de indemnización.

Esther Argerich cree que también se le ha injuriado y pide una multa de 30.000 euros. La defensa de Juan y Lívia mantiene que los hechos están amparados en el ejercicio legítimo del derecho a reunión y manifestación y del derecho a la libertad de expresión. Inicialmente, la fiscalía imputó también el portavoz del sindicato de inquilinos, Jaime Palomera, y a un miembro de la oficina de vivienda popular de Gracia, pero ha decidido no llevarlos a juicio al considerar que no ha quedado acreditado que participaran en las acciones que se enjuician hoy. Palomera es justamente uno de los testigos llamados por la defensa, que también ha citado a varios testigos de la protesta a la inmobiliaria o la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, en relación a un vídeo donde aparecen varios cargos políticos pidiendo a Argerich que renegocie el contrato de alquiler.