Lunes, 18 de Octubre de 2021

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Caso Azud

La agenda del empresario Jaime María Febrer, clave a la hora de destapar la trama corrupta en el caso Azud

La agenda, considerada como unos "papeles de Bárcenas", sustenta buena parte de la acusación del caso

Un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se dirige a realizar un registro en el domicilio del subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, a 13 de mayo de 2021. Rubio ha sido detenido esta mañana por la UCO junto a otra decena de personas dentro del conocido como caso Azud, una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones. Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de las actuaciones, Rubio ha sido arrestado en su domicilio y está acusado de participar en la adjudicación de diferentes infraestructuras en suelo público a cambio de mordidas

Un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se dirige a realizar un registro en el domicilio del subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, a 13 de mayo de 2021. Rubio ha sido detenido esta mañana por la UCO junto a otra decena de personas dentro del conocido como caso Azud, una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones. Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de las actuaciones, Rubio ha sido arrestado en su domicilio y está acusado de participar en la adjudicación de diferentes infraestructuras en suelo público a cambio de mordidas / Jorge Gil (Europa Press)

La investigación del caso azud ha hallado un documento determinante para sostener su acusación. Se trata de la agenda del presunto empresario corruptor, Jaime María Febrer, quien de forma minuciosa anotó desde 1999 hasta la actualidad, los encuentros mantenidos con políticos del PP y del PSOE.

Desde el año 99 el empresario inmobiliario Jaime María Febrer, considerado el epicentro de la trama y responsable de los sobornos a políticos y funcionarios municipales, estuvo anotando en su agenda, con todo lujo de detalles, los nombres de todos los políticos del PP y del PSOE con los que contactó, las fechas de los encuentros, incluso las transacciones de dinero que les hizo para facilitar determinados trámites urbanísticos, o incluso para comprar silencios.

Esta agenda se ha convertido, según los investigadores, en el principal documento en el que se sustenta toda la acusación en este caso Azud. Hasta el punto se que habría convertido en una especia de "papeles de Bárcenas" con todo el proceder corrupto durante dos décadas.

Pero no es ésta la única documentación que sustenta la investigación. La UCO de la Guardia Civil está estudiando los documentos recogidos en los 46 registros de empresas, despachos profesionales y domiciliarios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid realizados el pasado jueves y viernes en el marco de la operación Azud.

Entre los papeles incautados se encuentra la "numerosa documentación" encontrada en el domicilio de José Cataluña, el que fuera responsable de finanzas del PSPV durante muchos años. La UCO la analiza para determinar la posible trascendencia penal de su participación en los hechos.

Cinco detenidos, en prisión

Recordemos que son trece las personas detenidas en esta segunda fase del caso Azud. El pasado sábado por la noche la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargada de la investigación, acordaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de cinco de los investigados, entre ellos, el exvicealcalde de València Alfonso Grau, el exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y el empresario Jaime María Febrer al apreciar riesgo de destrucción de pruebas. Los otro ocho detenidos están en libertad provisional con las siguientes medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia semanal en sede judicial.

En esta causa, abierta en 2017 y que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales.

El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011. Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, sin perjuicio de ulterior de calificación.

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