Viernes, 24 de Septiembre de 2021

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El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional el decreto ley de medidas de reactivación por la Covid del PP

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga afirma que este decreto ley contempla la tramitación urgente y prioritaria de los proyectos de los fondos europeos de recuperación de las actuaciones relacionadas con la rehabilitación de viviendas, equipamientos, infraestructuras, puertos y regeneración urbana

Pleno Asamblea Regional

Pleno Asamblea Regional / Europa Press

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga ha comenzado su intervención en el Pleno de la Asamblea Regional de este miércoles, 2 de junio, pidiendo disculpas por los 5 decretos de ley que ya había traído al parlamento regional y que justificaba que "era una cantidad inferior a los más de 50 decretos que lleva aprobados el Gobierno de España".

"Dos son los objetivos de este decreto ley que hoy se ha aprobado y que lo que pretenden es relanzar la actividad económica y salir de la crisis suscitada por la COVID-19".

Revenga ha dicho que "quiere convertir esta crisis en una oportunidad para crear más empleo en la Región de Murcia".

El consejero de Fomento, ha explicado que "este decreto ley contempla la tramitación urgente y prioritaria de los proyectos de los fondos europeos de recuperación de las actuaciones relacionadas con la rehabilitación de viviendas o edificios, equipamientos, infraestructuras, puertos y regeneración urbana. Según ha dicho, así se facilitará la inversión y la ejecución de los fondos europeos de reactivación económica Next Generation".

"La normativa también posibilita el acceso inmediato a las viviendas sociales a las familias que atraviesan una situación de extrema necesidad, teniendo en cuenta sus circunstancias económicas, sociales o personales", según ha dicho.

Por su parte, el diputado socialista Pedro López ha declarado que "en este decreto ley se contempla la modificación de leyes como la de Puertos o la de Ordenación del Territorio y que estas modificaciones no responden a una urgente necesidad".

López ha acusado al Gobierno regional de abusar de la fórmula del decreto ley lo que implica "limitar la participación porque con esto se evitan las enmiendas ciudadanas y tampoco se necesitan informes ni controles jurídicos".

López ha dicho que su grupo parlamentario no daba su apoyo a este decreto porque no querían blanquear este tipo de decisiones y anunciaba que iban a estudiar llevar ante el Tribunal Constitucional esta cuestión.

"No está justificado el uso de este decreto ley porque no existe, en nuestra opinión, el presupuesto habilitante del mismo".

María Marín, diputada de Podemos, ha criticado la norma aludiendo a que el Gobierno regional "ha tenido que enmendar su decreto en apenas 3 semanas, lo que significa una auténtica chapuza". Según ella, esta ley "no tiene nada que ver con la pandemia".

Juan José Liarte, de Vox, también ha coincidido en que debe minimizarse el uso del decreto como forma de legislar. "Resulta incómodo cuando tenemos que debatir un decreto y su subsanación. El abuso del decreto sugiere que pueden haberse cometido errores de planificación". Liarte justifica su apoyo en que lo que tiene que primar es el interés público.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha añadido que este decreto ley "continúa la línea emprendida por la administración regional para eliminar cuántas trabas administrativas dificultan la relación entre la administración y los ciudadanos, y la recuperación, a la mayor rapidez posible, de la actividad económica".

Por parte del PP, su diputado, Juan Antonio Mata entiende que quien ha abusado de la figura del decreto ley ha sido el Gobierno de la nación y considera que los socialistas están en un "enfrentamiento continuo" y ha recordado que las medidas que han planteado cuentan con "todos los informes jurídicos".

El Pleno de la Asamblea Regional también ha convalidado, en este caso por unanimidad, el decreto ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma, que afecta al uso de armas de fuego de propiedad privada por parte de la Policía Local.

La vicepresidenta de la Comunidad, Isabel Franco, ha explicado que el decreto ley modifica la ley para corregir un error en artículos de la normativa autonómica. Según ha expuesto, la ley regulaba el procedimiento que era aplicable al arma de fuego particular y se atribuía al alcalde la competencia para autorizar o retirar a la Policía este tipo de armas. "Los alcaldes no pueden autorizar la obtención del arma de fuego particular y tampoco pueden acordar su retirada. En estos casos, la competencia corresponde única y exclusivamente a la Guardia Civil", ha dicho.

Isabel Franco ha anunciado en este pleno que se está elaborando un decreto por el que se crea un registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Murcia para que mejoren la prestación del servicio evolucionando hacia un concepto de seguridad más amplio.

 

 

 


 

 



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