Sábado, 31 de Julio de 2021

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Expediente sancionador

Un profesor de Gijón, expedientado por por poner un 10 a a todos sus alumnos: "Ha habido amenazas chocantes"

Los promotores de una recogida de firmas a favor del docente aseguran que el origen se encuentra en la publicación de un libro donde criticaba el sistema educativo

¿Se imaginan exponerse a ser apartado de la docencia por poner un 10 a todos los alumnos? Es el escenario en el que se mueve Yván Pozuelo Andrés, un profesor de francés de Gijón al que la Consejería de Educación le ha abierto un expediente. Sin embargo, lo que parece haber de fondo es una polémica por un libro publicado por el acusado hace un año y medio titulado '¿Negreros o docentes?'. "Se trata de un pequeño ensayo muy crítico con ciertos aspectos de nuestro sistema educativo nacional y sus viejos vicios que tanto están lastrando a nuestras generaciones de jóvenes", han explicado en la iniciativa que se ha lanzado en change.org para recoger firmas en su apoyo.

La petición, que va camino de las 1.000 firmas, detalla que el subtítulo es 'La rebelión del 10'. "Tras aceptar ser entrevistado en un periódico local con ocasión de la presentación de su libro, alguien con alta responsabilidad en la Consejería de Educación, que leyó dicha entrevista, ordenó tramitar de oficio un expediente a su autor por las opiniones que en ella aparecían. Y se inicia el proceso donde se solicita a nuestro escritor que se retracte de lo que ha dicho. No lo hace. La Consejería no acepta el no por respuesta y le abre entonces un expediente sancionador. Esto ocurría en febrero de 2020, fecha desde la cual el docente sufre una investigación escrupulosa, inflexible y hostigadora", ha continuado el escrito.

Su abogado, Jesús López de Lerma, ha explicado en declaraciones a SER Gijón que el proceso se encuentra en la parte final de la práctica de las pruebas admitidas por el instructor. A partir de ahí se da traslado al expedientado para que pueda formular alegaciones y luego "el instructor formulará su propuesta de resolución sea en el sentido de pedir el archivo porque considera que no hay infracción, como nosotros pensamos, o si considera que las hay propondrá sanción. Luego se le da traslado al expedientado a modo de última palabra para las alegaciones".

Aunque se muestra prudente en cuanto a plazos, desde el despacho del Grupo Viliulfo Díaz sostienen que el final "no debería demorarse mucho más". En cuanto a la situación anímica de su cliente, el letrado distingue entre el corazón y la cabeza. "Una cosa es la convicción que él tiene de no haber hecho nada sancionable y, en ese sentido, está tranquilo y otro es el punto de vista psicológico. Tener esta 'espada de Damocles' sobre la cabeza no le deja tranquilo a nadie, máxime teniendo en cuenta las sanciones que se le podrían imponer".

Precisamente, en el escrito de la recogida de firmas, se apunta que "en pleno confinamiento, en plena pandemia, la consejería se empleó en la tarea de cansar al docente y amedrentarlo con amenazas de sanciones chocantes. Cinco cargos le imputan, considerados todos muy graves. Por cada uno de ellos el abanico sancionador propuesto es el siguiente: la expulsión del cuerpo, la suspensión de empleo y sueldo por seis años; traslado forzoso; demérito; apercibimiento. Cinco cargos por poner muchos dieces, por (dicen) negarse a aplicar la evaluación formativa, por (dicen) defectos en la programación de su materia, de registro de su alumnado y de coordinación en su departamento. ¿Por qué este asedio repentino, implacable? Algo se nos escapa... Un año y medio de investigación, la consejería empleando cientos de horas de trabajo y de recursos públicos contra un docente, sacando a relucir métodos alejados de la transparencia y de la imparcialidad"

"Es una de las cuestiones que controvertimos, no acaba de concretar. Proponen un abanico de sanciones que va desde la separación del servicio hasta un apercibimiento. El instructor, en función de las infracciones que considere que existen, si es que lo considera, ahí deberá aquilatar", ha apuntado López de Lerma y ha concluido que "no es el acusado el que tiene que demostar su inocencia sino al revés, se tiene que demostrar su culpabilidad, las infracciones que se le imputan". 

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