Sábado, 24 de Julio de 2021

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La Audiencia Nacional deja sin piscina a Pedro J. Ramírez en Son Servera

Anula la concesión de 60 años que el Gobierno de Rajoy otorgó al periodista para mantener una piscina en una zona de dominio público de Son Servera (Mallorca)

Los jueces entienden que "hay razones de interés público para denegar la prórroga de la concesión otorgada por la Administración y acordar el desmantelamiento de las obras"

Audiencia Nacional Piscina Pedro J

Pedro J. Ramírez en una imagen de archivo llegando a la Audiencia Nacional en Madrid / EFE

La Audiencia Nacional ha puesto fecha de caducidad a la piscina del periodista Pedro J. Ramírez en Son Servera. Los jueces de lo contencioso han decidido anular la concesión que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo al hoy director de 'El Español' para mantener la edificación en una zona de dominio público marítimo terrestre y su posterior prórroga hasta el año 2074, explicando que no fue una medida justificada y que no está claro que su demolición pueda incidir negativamente en la armonía del entorno, anulando esta concesión y prórroga firmada para más de medio siglo.

El caso de la piscina del periodista, que en ese momento era director del periódico El Mundo, arrancó hace quince años, cuando grupos ecologistas y diversos colectivos culturales denunciaron que la piscina de Ramírez invadía terrenos públicos, convocando manifestaciones que encontaron la respuesta de cientos de personas - algunas ligadas a las Nuevas Generaciones del Partido Popular - con pancartas a favor de la libertad de expresión.

Fue ese mismo mes de junio de 2006 cuando el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aceptó la propuesta del periodista, legalizando la situación del terreno de 350 metros cuadrados a cambio de que los alumnos de un colegio cercano pudieran hacer uso de la instalación en determinadas circunstancias. Fue en 2013 cuando el Supremo confirmaba que la piscina era de uso público y un año más tarde el Gobierno de Mariano Rajoy ponía en marcha la maquinaria para mantener el recinto en pie, decisiones que anula ahora la Audiencia Nacional.

Quedan anuladas tanto la Orden que en 2014 otorgó la concesión al periodistas como también la que en 2016 prorrogó esta concesión durante sesenta años, hasta 2074. Los jueces entienden que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dirigía entonces Isabel García Tejerina no justificó correctamente la medida y que la piscina debe desaparecer para garantizar su uso público: la sentencia aún es recurrible ante el Supremo.

El "interés público"

La sentencia, que ha tenido como ponente a la magistrada Nieves Buisán, reprocha al Ministerio que no justificara correctamente la decisión y recuerda que estas ocupaciones de dominios públicos deben hacerse con criterios excepcionales y restrictivos, siendo instalaciones "cuya configuración, naturaleza o especiales características, no imponen su ubicación en dicho demanio costero".

Para los jueces de la Audiencia Naciona, sin embargo, "sí hay razones de interés público, en cambio, para denegar la prórroga de la concesión otorgada por la Administración y acordar el desmantelamiento de las obras, única forma en la que queda garantizado el disfrute del dominio público marítimo terrestre para su libre utilización por todas las personas y para todos los usos comunes y acordes con la naturaleza del tal demanio invadido, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar".

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