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La Generalitat no descarta acudir a los tribunales para defender Torre La Sal

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, considera que las personas que viven en Torre La Sal tienen unos derechos adquiridos

Torre La Sal / Google maps

Castellón

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, considera que las personas que viven en Torre La Sal tienen unos derechos adquiridos y no descarta acudir a los tribunales si Costas continúa con la intención de derribar las viviendas del poblado marítimo.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha estado  en la Casa dels Caragols, la sede del Consell en la capital de La Plana. Puig ha sido contundente sobre la situación en que se encuentran los vecinos del poblado de Torre La Sal tras el rechazo del Gobierno a las alegaciones de los vecinos.

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Y es que el Gobierno entiende que queda patente que el poblado Torre La Sal se encuentra situado en dominio público marítimo-terrestre sin disponer de título jurídico para ello, por lo que Costas ha iniciado un expediente y asegura que tendrá la facultad de recuperación sobre dichos bienes.

Puig ha asegurado, a preguntas de Radio Castellón, que si es necesario, la Generalitat acudirá a los tribunales para defender a los vecinos de Torre La Sal y tienen el respaldo total del Consell.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, sobre Torre La Sal

00:28

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La alcaldesa de Cabanes, municipio al que pertenece Torre La Sal, Virginia Martí, también ha señalado que están en desacuerdo con la resolución y llegarán hasta donde sea necesario para defender los intereses de los vecinos.

Por su parte, los vecinos de Torre La Sal lamentan que no se hayan contestado realmente a las alegaciones contra el expediente de Costas. Uno de los vecinos afectados, Juanjo Agost, ha denunciado, en una entrevista en Hoy por Hoy Castellón, las dificultades con las que se encuentran para iniciar trámites judiciales en esta época del año.

Juanjo Agost, vecino de Torre La Sal

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Los vecinos alegan que es un poblado marítimo centenario y que en 1983, Cabanes aprobó un Plan General de Ordenación Urbana, con el visto bueno del Estado, que aceptaba este núcleo.

 
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