Sociedad
Desahucios

La PAH y AABI exigen que se cumpla la moratoria antidesahucios y que se cree un parque social de vivienda

Afirman que la pandemia "obliga más que nunca a atender las garantías constitucionales y actuar con un adecuado juicio de proporcionalidad por el riesgo a la salud en el desalojo forzoso y en el realojo cuando existe el mismo"

Concentración de las plataformas ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén. / PAH

Jaén

Vecinos de Bailén, Jaén, Linares y los Villares se han concentrado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Jaén para pedir la paralización de desahucios a familias en riesgo de exclusión social con la moratoria gubernamental que se prorrogará hasta el 31 de octubre de 2021.

Los participantes en la concentración han mostrado su alta preocupación por los desalojos producidos el 13 y el 20 de julio en Linares a una mujer enferma de lupus y a otra mujer con 3 hijos dependientes que al día de hoy viven en una pensión y que, siendo familias vulnerables, fueron desalojadas sin ninguna alternativa habitacional.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha recordado que de 2008 a 2020 ha habido casi un millón de desahucios en España en los que 2 millones y medio de ciudadanos españoles se han visto afectados. Afirman que con el decreto gubernamental del 14 de marzo de 2020 que detenía de facto los plazos procesales en los desahucios de familias vulnerables en la pandemia, hasta el 9 de agosto de 2021 "se han evitado desahucios, llegando acuerdos de alquiler, realojos…pero hay prácticas inadecuadas, que alarman al conjunto de la sociedad cuando en resoluciones judiciales específicas no se han ponderado adecuadamente a la ley ni el derecho a la salud de las familias, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a la infancia, para que se dé una tutela efectiva, atentando así, contra ellos".

Por todo ello, solicitan al gobierno central "más determinación y diligencia en la aplicación de la moratoria cuando se cumple la condición de vulnerabilidad" y recuerdan que la pandemia "obliga más que nunca a atender las garantías constitucionales y actuar con un adecuado juicio de proporcionalidad por el riesgo a la salud en el desalojo forzoso y en el realojo cuando existe el mismo".

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