Miércoles, 20 de Octubre de 2021

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La Junta implanta el bono rural gratuito en la zona de transporte a la demanda de Ólvega

Soria cuenta con 13 zonas de Transporte a la Demanda en 118 rutas, que proporcionan servicio a 454 localidades.

Bono del transporte a la demanda.

Bono del transporte a la demanda. / Cadena SER

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha presentado en la localidad de Ólvega el Bono Rural de Transporte Gratuito que está implantando progresivamente la Junta de Castilla y León y que en esta zona de la provincia soriana dará servicio a 11 localidades, organizadas en cinco rutas.

Se suma así a las zonas de Arcos de Jalón, donde se inició en el mes de junio, Gómara, que comenzó el pasado día 14 de julio, San Leonardo de Yagüe, presentado el 2 de agosto, y San Pedro Manrique, la pasada semana.

El Bono Rural gratuito se irá implantando progresivamente hasta atender a las 123 zonas de transporte a la demanda e integrado que existen en Castilla y León (13 en Soria), y que dan servicio a más de 5.000 localidades de la Comunidad, con casi 2.000 rutas y 2,2 millones de potenciales usuarios. El objetivo es implantar la gratuidad en la Comunidad en el plazo de un año. La siguiente zona de Soria donde previsiblemente se implantará es la de Berlanga de Duero.

Desde que se puso en marcha, en el año 2005, el transporte a la demanda en la zona de Ólvega, el servicio ha sido utilizado por más de 10.745 viajeros. Con este lanzamiento también se implementa un nuevo servicio de reserva de viajes vía web, que convivirá con el número gratuito 900 20 40 20, y que supone, junto con la utilización de una aplicación en el teléfono móvil como medio de pago, un importante salto cualitativo en la implantación de las tecnologías al servicio de la mejora del transporte público en el mundo rural.

El Bono Rural de Transporte a la demanda gratuito que se ha puesto en marcha en la zona soriana de Ólvega se organiza en cinco rutas de transporte, que prestan dos empresas concesionarias y que dan servicio a 10 municipios (11 localidades) de la provincia de Soria: Beratón, Borobia, Ciria, Cueva de Ágreda, Hinojosa del Campo, Noviercas, Ólvega (Muro), Pinilla del Campo, Pozalmuro y Tajahuerce.

La inversión estimada de la puesta en marcha de este sistema gratuito es de 300.000 euros en 2021 y 600.000 euros anuales a partir de 2022 para las 123 zonas completadas de la Comunidad. A esta inversión es preciso añadir los 6,22 millones anuales aportados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para sufragar el déficit de explotación del transporte a la demanda –743.035 euros en 2019 en la provincia de Soria -. Sin esta financiación de la Junta de Castilla y León, el coste del servicio que habrían de soportar las personas usuarias sería aproximadamente de 10-12 euros el billete (ida y vuelta).

La provincia de Soria cuenta con 13 zonas de Transporte a la Demanda, estructuradas en 118 rutas, que proporcionan servicio de transporte a la demanda a 454 localidades. La población conectada, incluyendo la capital de provincia, asciende a 89.242 habitantes, y sin incluir la capital de provincia, a 50.439. La implantación progresiva del bono gratuito llevará a que todas las zonas tendrán implantado el bono rural gratuito en el año 2022.

En cuanto al Transporte de Prestación Conjunta (de uso general y escolar), la provincia de Soria cuenta con 26 rutas que benefician a 133 localidades. Desde el inicio del transporte a la demanda e integrado han utilizado estos servicios 322.270 viajeros, 10.676 de ellos en el año 2020, sin incluir escolares.

Se trata de la segunda de este tipo de reuniones que ha emprendido la delegada territorial con alcaldes de la provincia, que tienen como finalidad trabajar de manera conjunta en la planificación y diseño del mapa industrial provincial, tras la celebrada el pasado día 15 con los municipios de Almazán, Golmayo, Los Rábanos, Navalcaballo, Medinaceli y San Pedro Manrique.

Yolanda de Gregorio y Lola Borén han recordado las medidas de apoyo que la Junta de Castilla y León, a través de ICE, viene desarrollando para la creación de empresas o para financiar proyectos de inversión en Pymes, y han informado sobre la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar gastos de inversión en suelo industrial, destinadas a los ayuntamientos dentro del ámbito territorial de la Comunidad.

Estas bases tienen por objeto establecer el régimen y el procedimiento para la concesión de las subvenciones destinadas a financiar proyectos de inversión, promovidos por los ayuntamientos de Castilla y León, que consistan en la mejora, en la creación, o en la ampliación de suelo industrial.

Desde la Junta de Castilla y León se ha considerado conveniente colaborar con los ayuntamientos en aras a mejorar y actualizar la oferta de suelo industrial para las empresas que ya están instaladas y también para aquellas otras que decidan elegir nuestro territorio para llevar a cabo su proyecto industrial.

Con esta orden, en definitiva, se trata de apoyar proyectos con viabilidad técnica y económica, por lo que, en la documentación exigida para ser beneficiario debe acreditarse la existencia de demanda de suelo industrial en el municipio y la existencia en este de un suelo apto y viable técnica, urbanística y medioambientalmente para la implantación de industrias.

Según las bases publicadas, será subvencionable la ejecución de las obras de urbanización o de mejora de las infraestructuras correspondientes. Será requisito para obtener la subvención que el ayuntamiento tenga aprobados todos los instrumentos urbanísticos necesarios para ejecutar las obras para las que solicita la ayuda.

En concreto, serán subvencionables las actuaciones destinadas a la ampliación de polígonos industriales existentes o la creación de nuevos polígonos industriales, que podrán ser solicitadas por todos los ayuntamientos, así como las destinadas a la mejora de las infraestructuras de los polígonos industriales, tales como abastecimiento eléctrico, depuración y abastecimiento de agua, evacuación de aguas pluviales, etc., que podrán ser solicitadas por aquellos ayuntamientos cuya población no supere los 20.000 habitantes.

 

 

 

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