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Ayuso seguirá los pasos del PP y recurrirá la nueva ley de vivienda ante el Constitucional

06-10-2021 Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha avisado este miércoles que el Gobierno regional presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si la Ley de Vivienda estatal invade sus competencias. ECONOMIA COMUNIDAD DE MADRID / COMUNIDAD DE MADRID EUROPA PRESS

Madrid

La Comunidad de Madrid va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la ley de vivienda anunciada por el Gobierno al "atentar directamente" contra el estatuto madrileño de autonomía.

La consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín, lo ha anunciado este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el presidente del PP, Pablo Casado, avanzase que el partido va a recurrir esta ley y que no se aplicará en las comunidades y en los ayuntamientos gobernados por esta formación.

Según la consejera del ramo, esta ley atenta "directamente" contra el estatuto de autonomía madrileño, que recoge que las competencias en ordenación del territorio, en urbanismo y en vivienda corresponden a la Comunidad de Madrid y "en la medida en la que se invadan" sus competencias "quedará reflejado en el recurso al Constitucional".

Aunque ha asegurado que Madrid cumplirá "como siempre hace" con las disposiciones legales, Madrid no llevará a cabo las medidas donde haya margen de actuación o "valoración por parte de la Comunidad", como definir las zonas tensionadas.

A juicio de la consejera, esta ley es un "ataque" contra la hucha de las familias, que genera "miedo" y limita la libertad, además de "ahuyentar" las inversiones en España, ser una medida "confiscatoria" que "abusa del propietario" y confronta con la propiedad privada.

Ha indicado que los efectos de estas políticas en otros lugares donde se han aplicado, como en Cataluña, han sido "nefastos", porque han supuesto que el 55 % de los inversores hayan parado esperando un nuevo escenario, que el 31,6 % haya reducido la inversión y que el 13 % la haya trasladado a otro territorio.

Si se trasladan los efectos de la norma de Cataluña a la Comunidad de Madrid, los resultados, según la consejera, serán que se deje de iniciar 2.360 viviendas nuevas destinadas al alquiler cada año, con una disminución de la inversión de 730 millones de euros y una afectación al empleo en 5.700 personas.

"Frente al sectarismo ideológico, Madrid defenderá la libertad de las familias y la propiedad privada", ha aseverado Martín, que ha afirmado que hay un "mantra" de la izquierda que dice las viviendas están en manos de fondos de inversión, pero que en realidad el 90% corresponden a pequeños propietarios.

"Estaremos atentos al texto, pero si su aplicación dependiese de las comunidades autónomas buscaríamos cómo blindarnos frente a estas políticas intervencionistas y defender las huchas de las familias", ha aseverado.

 
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