Lunes, 29 de Noviembre de 2021

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Tercera edad

Servicios Sociales contratará a una empresa que debe dinero a los usuarios de su anterior adjudicación

La empresa Formacal cobró por talleres que no impartió y no lo ha devuelto en año y medio

La Gerencia reconoce el cobro indebido y ha instado en dos ocasiones a la empresa a devolver esas cantidades a los usuarios

La Gerencia reconoce el cobro indebido y ha instado en dos ocasiones a la empresa a devolver esas cantidades a los usuarios / Getty Images Jacobs Stock Photography

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León firmará en los próximos días un contrato con una empresa que cobró indebidamente a los usuarios de talleres de los centros de día de tercera edad y no ha devuelto estas cantidades. Desde la Oficina de Información al Consumidor de Burgos, su director, Luis Morcillo, ha solicitado que no se firme ese contrato.

La Gerencia reconoce el cobro indebido y ha instado en dos ocasiones a la empresa a devolver esas cantidades a los usuarios. Lo hizo el pasado mes de marzo y lo ha vuelto a hacer el 6 de octubre. Sin embargo, asegura que no hay ninguna causa legal para no formalizar el contrato, más cuando fue la única empresa que se presentó al concurso. La firma se materializará en los próximos días.

Luis Morcillo afirma que la empresa Formacal realizó el cobro de los cursos de formación y talleres de marzo, abril, mayo y junio del año pasado, pese a que su contrato finalizaba el 30 de marzo. Incluso tendría que haber devuelto parte de lo cobrado por ese mes, ya que el 14 de marzo se paralizaron sus actividades por la pandemia.

El director de la OMIC estima que habrá miles de perjudicados. Solo en el caso de Burgos hay cinco centros de día de tercera edad y 365 usuarios han reclamado la devolución. Las primeras 55 reclamaciones se resolvieron con un laudo de obligado cumplimiento de la Junta Arbitral de Consumo. El resto no se han resuelto por la negativa de la empresa a someterse a otros procedimientos arbitrales.

Morcillo insiste en la gravedad de lo ocurrido, no tanto por la cuantía, que es de entre 20 y 25 euros de media a cada usuario, como por el hecho de que se trata de personas mayores, a los que la ley concede una especial protección por considerar que son más vulnerables.

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