Lunes, 06 de Diciembre de 2021

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Abren diligencias para investigar a Adrián Santos y a tres técnicos de Urbanismo por delito de desobediencia

Todo parte de la denuncia de la mercantil Llegando a la Cima SL, que gestiona la planta de tratamiento de residuos de la construcción de la partida de Fontcalent, por decretar su cierre tras no aportar los documentos que se le requerían

Planta de tratamiento de residuos de construcción de Fontcalent

Planta de tratamiento de residuos de construcción de Fontcalent / Cadena SER

Un juez abre diligencias previas para investigar al concejal de Urbanismo de Alicante y a tres técnicos del área por un posible delito de Desobediencia de autoridades o funcionarios. Lo hace tras la denuncia de la mercantil Llegando a la Cima SL, que gestiona la planta de tratamiento de residuos de la construcción situada en la partida de Fontcalent, por decretar su cierre tras no aportar los documentos que se le requerían.

La empresa argumenta en un comunicado indefensión "tras agotar todas las vías de diálogo" con el Ayuntamiento, al que acusa de vulnerar los derechos más básicos que asisten a cualquier mercantil que solicita un trámite municipal. Además, considera que se ha producido una desobediencia reiterada al auto judicial que reconoció en su día a Llegando a la Cima su legitimidad para el tratamiento de residuos, auto que, asegura la empresa, fue acatado por la Conselleria ya que no presentó recurso.

Lamenta además la mercantil que la presión vecinal pesara más en la decisión del Ayuntamiento de decretar su cierre que el auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV. Por último, valora que los tribunales hayan aceptado ahora investigar los hechos.

Por su parte, desde la Concejalía de Urbanismo aseguran que aún no han recibido la notificación del auto judicial. Cuando lo hagan, añaden, lo estudiarán con los servicios jurídicos antes de pronunciarse al respecto.

Una larga polémica

Este es el último episodio de una larga polémica suscitada con una planta de tratamiento de residuos que, ya en su día, provocó también el rechazo tanto vecinal como de los grupos de la oposición. De hecho, esta apertura de diligencias previas para investigar, que en principio es es paso habitual antes de decidir si continúa el proceso, no es la primera vez que el asunto llega a los tribunales. Y es que se produjeron distintos procedimientos de la mercantil contra los vecinos y la oposición. También está en marcha otro procedimiento, en este caso penal, del Consistorio contra los gerentes de la empresa por romper el precinto policial cuando se decretó el cierre de la planta por falta de licencia.

Y es que, pese a que la mercantil cuenta con un auto del TSJCV que le reconoce como empresa su legitimidad para el tratamiento de residuos, desde el Ayuntamiento siempre se ha argumentado que, independientemente, se necesita una licencia municipal para poder operar. Licencia de actividad que no fue otorgada al no presentar la empresa la documentación requerida. En concreto, la autorización sectorial por parte de la Generalitat en materia de residuos y la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la explotación de acuíferos y la gestión de aguas residuales.

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