Sábado, 04 de Diciembre de 2021

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El juicio por la 'Perla Negra' se celebrará desde el 14 de marzo de 2022

Fiscalía pide para los 17 presuntos implicados penas que suman 138 años de prisión

Edifico en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, conocido como la Perna Negra

Edifico en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, conocido como la Perna Negra / Ical

La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo desde el día 14 de marzo de 2022 a los 12 encausados por el denominado caso de 'La Perla Negra', en un proceso que se prolongará durante veintitrés días, hasta el 29 de abril del próximo año.

Se da la circunstancia de que tres de los procesados, el exviconsejero de Economía, Rafael Delgado, y los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo, figuran también inmersos en la denominada 'trama eólica', en la que, tal y como se pudo conocer la pasada semana, Fiscalía pide para los 17 presuntos implicados penas que suman 138 años de prisión.

En la 'Perla Negra' se investigan delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, en el que figuran imputadas doce personas, entre ellos la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, a través de un auto al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas y contra el que no cabe recurso, ha fijado el proceso judicial a partir de marzo de 2022, "habida cuenta la especial complejidad del asunto, el volumen del mismo, el número de partes y la gran cantidad de pruebas a practicar, así como la disponibilidad de la sala y juicios ya señalados".

Además, ha admitido una serie de pruebas propuestas por las partes, al tiempo que se pone a disposición de todas ellas las actuaciones de la causa en la Secretaría de la Audiencia vallisoletana a los efectos oportunos.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.

En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos.

En su escrito, la acusación pública imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación. Por ello, a mayores de las referidas penas privativas de libertad, interesa para el primero su inhabilitación por espacio de 29 años y de 20 para los otros dos.

En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos industriales y el segundo empresario, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Además, interesa seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios y hermanos Francisco y Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

De forma, conjunta y solidaria, los acusados indemnizarían a la Junta en la suma que fue, presuntamente, desviada a favor de las mercantiles citadas que, sin perjuicio de lo que resulte de las pruebas a practicar en el plenario, se fija en 16.138.911,47 euros, que devengará el correspondiente interés legal.

Por su parte, el PSCyL solicita las más duras para los que fueran viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, que se enfrenta a 34 años de privación de libertad, junto con su inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por espacio de 105 años y multas de más de 56 millones de euros.

En cuanto al volumen de pena, les sigue los empresarios Alberto Esgueva, con una petición de 22,5 años de cárcel, inhabilitación y otros 56 millones en multas; Germán José Martín Giraldo, con 22 años, inhabilitación y 56 millones de multa; Ángel Román M, con 18 de cárcel e idéntica multa; Francisco Esgueva, con 14,5 años y 26 millones de multa; Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y el industrial Francisco Armero, los tres con 11,5 años, inhabilitación y 30 millones de multa.

La lista la completan los industriales Luis Antonio Recio García, Carlos González Maestro y Luis Ángel Rodríguez Herrero, quienes se exponen a condenas de 10,5 años y multas de 26 millones.

Lo que hemos contado en la SER

En la SER venimos informando desde 2013 sobre la investigación que se sigue en torno a la adquisición por parte de la administración regional del edificio de Arroyo y los terrenos de Portillo. Durante este tiempo hemos ido aportando diferentes primicias. Algunas de ellas se recogen en el siguiente relato informativo sobre el controvertido edificio conocido popularmente como " la Perla Negra " debido según algunas versiones a su aspecto exterior en el que predominan los tonos oscuros o por ciertas similitudes que algunos establecen con el barco de la película piratas del caribe

La junta decide alquilar un edificio

El 30 de diciembre de 2005 el Boletín Oficial de Castilla y León publica las condiciones y requisitos para concurrir al concurso público de arrendamiento con opción de compra de un edificio para la ubicación de servicios administrativos pertenecientes a la junta. Trece días después, con la navidad por medio, la empresa Urban Proyecta PM3, S.L, perteneciente al grupo Parqueolid, presenta una oferta económica, que finalmente gana el concurso, por la que se compromete a arrendar un edificio, que en esos momentos no exist , en la finca 49 del sector 15 de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, de 10000 metros cuadrados construidos. El terreno es adquirido a Mahía Grupo Inmobiliario el día 11 de enero de 2006, un día antes de que Urban Proyecta formalice su propuesta y por consiguiente, antes de saber si su propuesta será la elegida. El precio de alquiler por metro cuadrado que se refleja en la oferta es de 24 €, un precio muy por encima de mercado, según distintas estimaciones, que supondría al año un desembolso para la administración regional de 2.880.000 € en concepto de alquiler.

En el documento que recoge la oferta de Urban Proyecta PM3, también se hace mención a lo que la junta debería abonar caso de ejercer la opción de compra. La cantidad mencionada es 34.900.000 €. Este importe es el resultado de sumar 27.400.000€ por el edificio y 7.500.000 por el suelo.

Información Privilegiada

El estudio de arquitectura Lamela que lleva a cabo el proyecto cifra en 34 millones el precio del inmueble, según consta en su propia web. Este estudio de arquitectura factura a Urban Proyecta el 14/09/2005 la cantidad de 31320 € en concepto de "honorarios por la fase de concurso proyecto ADE". Recordemos que hasta el 30/12/2005 el Bocyl no publica la convocatoria del concurso por el que la Junta de Castilla y León divulga que está interesada en alquilar un edificio, lo cual permite pensar que Urban Proyecta disponía de información privilegiada tal y como se recoge en un informe de finales de 2014 del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía.

El precio del edificio

Si bien es cierto que el proyecto del inmueble posteriormente supera los 30.000 metros cuadrados construidos, tal y como figura en la web del estudio de arquitectura Lamela, la Junta de Castilla y León termina pagando 52.155.000 € + iva ( 60.499.800 ) según se recoge en la escritura de compraventa fechada el 1 de abril de 2009 que se formaliza tras haber abonado el alquiler pactado durante varios meses y desatarse una gran polémica derivada de la elevada cuantía que la Junta a través de la empresa pública Gesturcal tuvo que asumir. Una reciente tasación del edificio sostiene que el precio satisfecho por la empresa pública se ajusta a las condiciones del mercado inmobiliario , valoración que la fiscalía pone en duda, hasta el punto de que ha encargado una nueva tasación, entre otras cosas porque en su momento se llevaron a efecto otras valoraciones en las que se indicaba que la cantidad abonada fue muy superior a la que en el momento de la compra reflejaba el citado mercado.

Distintas valoraciones

Una estimación de la propia Consejería de Hacienda situó el precio del inmueble entorno a los 40.000.000 €. La junta mantiene que el precio pagado por el edificio conocido como " la perla negra " es el reflejado anteriormente ( 52.155.000 + iva ) algo que no coincide con lo señalado por la Agencia Tributaria, desde donde se sostiene que Gesturcal pagó a Urban Proyecta la cantidad de 60.585.799,76 € + iva, es decir, casi 8.5000.000 € más de lo que figura en las escrituras de compraventa. La Agencia Tributaria en su informe incluye varios conceptos, además del precio " oficial " del edificio, relacionados con varias ampliaciones y modificaciones que habrían supuesto un notable incremento en el montante económico abonado finalmente por la Junta a través de Gesturcal. Estos conceptos podrían haberse abonado de forma irregular por no contar con la aprobación preceptiva de los órganos de gobierno competentes.

La escritura de compraventa del edificio se formaliza en la fecha mencionada ( 1 de abril de 2009 ) por Germán-José Martín Giraldo en calidad de administrador solidario de Urban Proyecta pm3 ( grupo Parqueolid ) y Rafael Delgado Núñez, en ese momento consejero delegado de Gesturcal.

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