Ximo Tur, exalcalde de Calp, sobre las facturas de Colsur: "Desde el 98 solo las dos primeras eran razonables"

Alicante

Tercera sesión en la Audiencia de Alicante por el supuesto fraude de las basuras de Calp en la que han empezado a declarar los testigos, entre ellos Ximo Tur, que llegó a la alcaldía tras una moción de censura y que denunció los hechos ante la Guardia Civil. Tur fue primer edil de Calp entre octubre de 2008 y junio de 2011 y ha declarado que "comenzó a investigar" el presunto fraude de las basuras por parte de Colsur cuando estos se hicieron públicos a través de los medios de comunicación. Tur estuvo imputado en un principio por esta causa.

A preguntas del fiscal ha declarado que en su opinión la adjudicación a la mercantil "rozaba la baja temeraria", que desde el año 98 "solo las dos primeras facturas parecían razonables", que tampoco era razonable que la basura se llevara al vertedero de Abanilla (Murcia) cuando era "más razonable" dejarla en el del El Campello y que pudo comprobar que entre los tiques de pesajes que pasaba Colsur, la adjudicataria, además de los de la báscula de la planta de Calp había "otros de otra báscula de otro lugar" que ha dicho "desconocer".

Por todo ello, ordenó suspender los reconocimientos municipales para pagar las facturas y acudió a poner los hechos, que ya estaban siendo investigados, en conocimiento de la Guardia Civil.

En cuanto a los ediles populares Javier Morató, Fernando Penella y Juan Roselló, acusados en esta causa, les restiró las competencias asignadas. El PP y PSD fueron los dos partidos que apoyaron la moción de censura en la que Tur, del Bloc, salió elegido alcalde.

Recordamos que en este juicio se investiga si los políticos populares y los empresarios pactaron el cobro de comisiones. Más de 700.000 euros por adjudicar la contrata a Colsur. Para ello, Colsur habría facturado por más toneladas de las que gestionaba. El fraude al Ayuntamiento lo fija en casi 12 millones de euros y el perjuicio efectivo en 4,2 millones. Habrían actuado así desde 1998 hasta 2012, por lo menos. Los acusados se enfrentan a penas de cárcel entre los 2 y los 14 años por delitos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.

Este jueves también declaraba como testigos un técnico municipal encargado de la planta de transferencias de residuos, así como varios policías.