Miércoles, 08 de Diciembre de 2021

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Sara Hernández y el juez decano de Getafe abordan los problemas de continuidad del Punto de Encuentro Familiar

No hay acuerdo con la Comunidad de Madrid para su financiación

La reunión entre el Gobierno local y el juez decano

La reunión entre el Gobierno local y el juez decano / Ayuntamiento de Getafe

El Ayuntamiento de Getafe y el juez decano de los Juzgados de Getafe han abordado el problema generado por la falta de acuerdo con la Comunidad de Madrid para financiar el Punto de Encuentro Familiar, un espacio neutral en el que se encuentran los menores con sus padres en casos de conflicto.

Según han informado desde el Ayuntamiento, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y la concejala de Bienestar Social, Nieves Sevilla, se han reunido este jueves en el despacho de Alcaldía con el juez decano de Getafe para "coordinar el problema generado en el Punto de Encuentro Familiar, al negarse la Comunidad de Madrid a firmar un convenio para asumir sus competencias como sí hace en otros municipios".

El Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid no alcanzaron recientemente un acuerdo para la financiación del Punto de Encuentro Familiar, que es un espacio neutral donde se facilita el encuentro de los menores con sus progenitores que están separados, con el fin de cumplir el régimen de visitas establecido por el Juzgado en los casos en los que las relaciones son conflictivas.

El Gobierno Municipal de Getafe acusó a la Comunidad de Madrid de "ahogar" el Punto de Encuentro Familiar, "al negarse" el viceconsejero de Políticas Sociales, Luis Martínez Sicluna, en una reunión con la concejala de Bienestar social a firmar un convenio que permita nueva financiación regional para este servicio que actualmente "cubre únicamente el Ayuntamiento de Getafe". Además, destacaron que mientras otros Puntos de Encuentro como el de Móstoles "son financiados al 100% por la Comunidad de Madrid, las familias de Getafe se verán obligadas a desplazarse".

La alcaldesa, Sara Hernández, se ha quejado de que, con la nueva normativa aprobada por la Comunidad de Madrid, la atención de este servicio se incrementa un 240% en su presupuesto, pasando de 50.000 euros a 120.000 euros anuales como mínimo, lo que supondría "dejar de prestar o reducir otros programas como las becas de comedor, las ayudas de emergencia o la teleasistencia".

Considera que el Gobierno municipal, "en una actitud leal y razonable", ofreció varias alternativas a la Comunidad de Madrid como la financiación entre ambas administraciones, o que el Ayuntamiento corriera con los gastos del local y la Comunidad de Madrid con los de personal, pero la respuesta siempre ha sido "una negativa".

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