Sábado, 27 de Noviembre de 2021

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El PP insta al Gobierno a que se corrija el gran déficit de funcionarios en la prisión de La Moraleja

También pide que se les reconozca como agentes de autoridad, se equiparen sus retribuciones y haya más formación y medios

Centro Penitenciario La Moraleja en Dueñas (Palencia)

Centro Penitenciario La Moraleja en Dueñas (Palencia) / Cadena SER

El Grupo Popular en la Diputación de Palencia presentará en el Pleno de la Corporación Provincial del mes de octubre una Moción al Gobierno de España en el que le insta a que tome medidas para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios del Centro Penitenciario La Moraleja ubicado en Dueñas, así como que se les reconozca como agentes de la autoridad y que se equiparen sus retribuciones a las de sus homólogos de Cataluña y País Vasco.

Así mismo, el Partido Popular, también insta al Gobierno a que preste especial atención a la cobertura de las vacantes de los técnicos esenciales para poder aplicar los programas de reinserción laboral, así como la creación de programas de formación en autodefensa y medios coercitivos; y por último que cumpla con el compromiso efectuado por Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones Penitenciarias, para que el Estado asuma las indemnizaciones reconocidas judicialmente a favor de los funcionarios de prisiones en los supuestos de insolvencia del condenado.

El sistema penitenciario es una pieza fundamental en una sociedad democrática tanto para articular la seguridad del Estado de Derecho como para garantizar el fin de rehabilitación y reinserción social de los reclusos.

A cierre de agosto de 2021, el Centro Penitenciario La Moraleja, ubicado en Dueñas, alberga a unos 680 reclusos. En España, la población reclusa asciende a 55.920 personas, de los cuales 3.526 cumplen sus penas en centros de Castilla y León.

Los trabajadores de Instituciones Penitenciarias son funcionarios públicos que realizan su trabajo en jornadas de mañana, tarde y noche, con una ubicación geográfica alejada de los núcleos urbanos, y con una gran peligrosidad en su actividad diaria. Por ello, son muchos los avances pendientes.

En primer lugar, el déficit de plantilla existente en el centro de Dueñas: cerca de un 20% en el área de vigilancia uno, el que experimenta un mayor contacto con los internos. Estamos hablando de más de 100 puestos de plantilla que permanecen sin cubrir, y para los que están lejos de ser suficientes las ofertas de empleo público para los años 2020 y 2021. Además, dado las necesidades de formación para los nuevos funcionarios, estos refuerzos no comenzarían a llegar antes de mediados de 2022. Una problemática que alcanza a otros cuerpos, como el facultativo de sanidad penitenciaria.

También, cabe destacar que el Centro Penitenciario La Moraleja, es uno de los cinco de todo el país preparado para albergar a reclusos de primer grado previstos en el artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario, es decir, aquellos que “hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personas ajenas a la Institución, tanto dentro como fuera de los Establecimientos y en las que se evidencie una peligrosidad extrema”.

Por ello, los populares registraron en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.

El ministro del Interior anunció el pasado 18 de octubre la inclusión de esta consideración como agentes de la autoridad de los funcionarios de prisiones en la próxima Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque situó este compromiso “antes de final de legislatura”. Desde el Partido Popular creen que es un asunto de máxima urgencia, por lo que es compatible la modificación inmediata de la Ley General Penitenciaria en esta materia con la tramitación de un nuevo texto legal a medio plazo.

El Partido Popular también destaca la necesidad de mejoras salariales de los funcionarios y como los incumplimientos del Gobierno en esa materia han generado malestar en el colectivo, siendo la causa de un conflicto laboral sin precedentes.

 

 

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