Viernes, 03 de Diciembre de 2021

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Plaza de Toros de Aranda: apertura y actividad con todas las de la ley

El juzgado ratifica la legalidad de la licencia de apertura y primera ocupación que otorgó el ayuntamiento de Aranda en 2014 y desestima la petición de nulidad de la Plataforma por la Plaza de Toros en una sentencia que puede recurirse

La sentencia reprocha a la plataforma que se limite a basar su demanda en incumplimientos formales sin acreditar que vulneren la finalidad de la normativa urbanística

Imagen de archivo de la Plaza de Toros de Aranda

Imagen de archivo de la Plaza de Toros de Aranda / CADENA SER

Respaldo judicial a la licencia de actividad y primera ocupación de la plaza de toro de Aranda: siete años después el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Burgos da la razón al Ayuntamiento y ratifica la licencia otorgada a este edificio en contra de las pretensiones de la Plataforma por la Plaza de Toros que pedía la nulidad de dicha autorización. La sentencia fechada este martes y a la que ha tenido acceso Radio Aranda, falla que la concesión de la licencia que aprobaron solo cuatro de los ocho concejales que en aquel momento componían la Junta de Gobierno no vulneró la normativa urbanística, en contra de lo argumentado por la plataforma demandante. Y ello pese a que la titular del juzgado llega a admitir que hubo requisitos formales que no se cumplieron. Sin embargo va restándoles importancia, uno tras otro, o bien porque los considera irrelevantes o bien porque los considera subsanados por trámite similares. Y concluye que el argumento esgrimindo por la plataforma para pedir la nulidad de la licencia “se basa en un examen simplista de los requisitos formales” y elude una interpretación finalista de la normativa.

La magistrada, tal y como ha adelantado la Cadena SER, se dedica a examinar no tanto si formalmente se cumple de manera rigurosa cada requisito, sino si se ha visto comprometida o vulnerada la normativa en sí. Entre otros argumentos subraya que los demandantes no han sido capaces de explicar qué parte del proyecto de obra y licencia ambiental se ve comprometida por las deficiencias que señalan; constata que tras diez años de uso de la plaza no ha habido ningún incidente achacable a la omisión de trámites formales apuntadas por la plataforma e indica que la empresa adjudicataria subsanó cada deficiencia que le exigieron los técnicos tras cada uno de los informes e inspecciones realizadas, unas 44 del arquitecto municipal y unas 20 de la letrada urbanista. De hecho la sentencia pone reiteradamente en cuestión el testimonio de esta trabajadora municipal, señalando numerosas contradicciones en su comparecencia, lo que también le lleva a afear a la plataforma “la evidente interpretación subjetiva e interesada” de las declaraciones técnicas. Por ejemplo en cuanto a la omisión de planos en el expediente argumentado por la letrada como impedimento para hacer un informe final, el juzgado que esta trabajadora municipal no ha sido capaz de precisar qué aspecto de la licencia se ve comprometido por esta ausencia, e incluso llega a afirmar que le llama la atención que ella precise de un plano final para informar lo que ya ha ido documentando durante 22 informes anteriores.

Por otra parte, a la juez le sorprende, como deja constancia en varias ocasiones, que la plataforma mantenga siete años después los mismos argumentos con los que inició el proceso en 2014 como si en este tiempo no hubiera habido varios pronunciamientos judiciales que han tumbado argumentos directa o indirectamente esgrimidos en este último proceso, como es el caso los aparcamientos, cuya legalidad ratificó el TSJ en 2018 en virtud de una sentencia que apelaba al interés público.

El juzgado impone a la plataforma las costas de este juicio, que no han de exceder los 800 euros. Pese a que la setencia no es firme y puede recurrire en apelación, su emisión supone un importante punto y aparte en un proceso que fue polémico antes, después y durante su desarrollo. La licencia de apertura de la Plaza de Toros vino precedida de varias licencias provisionales, desde 2011, para poder albergar la feria taurina de las fiestas patronales. Incluso en el año 2013 las fiestas de ARadna se quedaron sin feria taurina al no concederse la licencia. También rodeó la polémica la aprobación de la licencia definitiva. Fue tan excepcional que en ella participaron solo la mitad de los miembros de la Junta de Gobierno municipal: asumieron la votación a favor la alcaldesa Raquel González y los concejales Alfonso Sanz, Azucena Esteban y Maria Ángeles Marín, mientras que no acudieron a la sesión Celia Bombín, Diego Velázquez, Javier Rojas y Calvo. De hecho los cuatro primeros tuvieron que someterse a una investigación judicial por la querella presentada por prevaricación por la Plataforma por la Plaza de Toros que tampoco prosperó al ser archivada por el juzgado.

 

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