El Proyecto de Ley de Vivienda y el CGPJ

Albacete

El Consejo General del Poder Judicial ha informado negativamente el Anteproyecto de Ley de la Vivienda, un instrumento que el Gobierno tiene preparado para garantizar el derecho a la vivienda digna para todos los españoles. Eso no quiere decir que pueda vetar la aprobación del Proyecto; simplemente expresa el conflicto político que se observa entre ambas instituciones.

El Anteproyecto contiene casi 50 páginas dedicadas a desarrollar un precepto de la Constitución -artículo 47- que dice, textualmente:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación

Es decir, nuestra Constitución no sólo habla de la bandera y de la soberanía sino también de algo tan esencial para la vida como es la vivienda. El Proyecto pretende cumplir ese artículo de la Constitución y para ello establece limitaciones al derecho de propiedad tanto en el ámbito urbanístico como en el de la especulación con este bien de primera necesidad. Ello choca frontalmente con quienes pretenden seguir como en el siglo XIX considerando que la propiedad no tiene más límites que la capacidad adquisitiva de una persona.

En el Proyecto se regula la "vivienda asequible incentivada", que es una vivienda en régimen de alquiler pero con precio limitado y destinada única y exclusivamente a vivienda habitual del arrendatario. Igualmente se incluye el concepto de "mercado residencial tensionado" para evitar que -como ocurre actualmente en las grandes ciudades- una mileurista sólo pueda vivir en una habitación, hecho que nos debería hacer reflexionar tanto, al menos, como esos informes sobre pobreza que publican con frecuencia las ONG. Es decir, el Proyecto intenta poner coto a esa idea de que la vivienda es sólo una inversión y de que los "fondos buitre" tienen una especie de derecho natural a especular con lo que sea, incluidos los bienes de primera necesidad, como éste.

Pero el Proyecto plantea un problema importante. En la Constitución se distribuyen las competencias sobre los asuntos públicos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Gobierno apela a la promoción de la igualdad y a su capacidad de planificación económica para justificar su intervención, pero es muy difícil apartar la vista de ese art. 148 de la Constitución que permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en "ordenación del territorio, urbanismo y vivienda". En estos 40 años desde que se promulgó la Carta Magna, todos los Estatutos de Autonomía incluyen esta competencia para sí, lo cual dificulta en buena medida el loable intento del Gobierno y le obliga a acordar con las Comunidades Autónomas esa política agresiva contra la especulación, pero es muy probable que algunas miren hacia otro lado.