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Tribunales

Las diez claves del caso Topillo

Guardia Civil

¿Qué juzga el caso Topillo?

Murcia

La contaminación por nitratos del Mar Menor procedente de las desalobradoras ilegales instaladas en el Campo de Cartagena en un periodo de tiempo comprendido entre los años 2012 y 2017

¿A quién se va a juzgar?

  • A 38 administradores y responsables de empresas agrícolas (a 20 de ellas se las considera responsables del 80% de la contaminación)
  • A los responsables de las administraciones que tenían que velar para que ésto no pasara: la consejería de Agricultura del Gobierno de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura

¿Quiénes son los principales acusados?

Los nombres más mediáticos son algunos de los principales responsables de las administraciones en aquella época: Antonio Cerdá (consejero de Agricultura), y Manuel Aldeguer (Comisario de Aguas de la CHS).

Las empresas más grandes y a las que se atribuye una mayor contaminación, según el auto del juez, son: GS Spain, Pozo Camachos, Ciky Oro, El Montes y Los Triviños

¿De qué delitos se les acusa y a qué penas se enfrentan?

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, de los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente tipificados en los artículos: 325.2 (relativo a conductas que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. También recoge si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las persona), 327 (Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior. Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma. Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.).

En algunos casos pide la aplicación del artículo 331 del Código Penal (Los hechos previstos en este capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave).

Para la mayoría también pide la aplicación del artículo 28 (Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores: Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo).

En el escrito de acusación de la Fiscalía las mayores penas de prisión, 6 años, se piden para M.J.G, J.G.S.,E.S.G.,R.P.A.y A.S.F., mientras que la mayor multa económica que supera 1'7 millones de euros se pide a la empresa P.C.S.L.

¿Está cuantificado el daño al Mar Menor?

El juez calcula en su auto el perjuicio económico que causaron estas empresas en casi 19,5 millones de euros. Entre todas ellas destaca el caso de GS Spain que, según el auto, habría generado un perjuicio de 2,5 millones de euros. Mientras que Pozo Camachos, Ciky Oro, El Montes y Los Triviños habrían provocado daños por importes superiores al millón de euros cada una.

En el escrito de Fiscalía se piden, en concepto de responsabilidad civil, indemnizaciones para el Estado, titular del Dominio Público Marítimo Terrestre y del Dominio Público Hidráulico Afectado a los administradores y las empresas acusadas que suman una cantidad total de casi 18'8 millones de euros (18.772.479,2)

¿Quién ejerce la acusación?

  • El Fiscal de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Miguel E. de Mata Hervás
  • Ecologistas en Acción, ANSE y Seo Bird Life (representados por el abogado Ginés Ruíz Maciá)
  • Greenpeace (representados por el abogado Eduardo Salazar)

Fiscalía ya ha presentado su escrito ante el juez instructor del caso Topillo, Ángel Garrote, el resto de acusaciones tiene de plazo para hacerlo hasta el próximo mes de febrero.

¿Quién ejerce la defensa?

Cada uno de los acusados tiene su propio abogado defensor aunque algunos investigados comparten el mismo abogado.

¿Qué alegan las defensas?

Ha trascendido poco aunque sí sabemos que han intentado descalificar el informe pericial de Luis Burillo, eco-toxicólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia que considera "irreversible" la contaminación causada por las empresas investigadas. Las defensas, previsiblemente alegarán que la degradación ambiental del Mar Menor se debe a múltiples causas y factores.

Hasta que las defensas no reciban todos los escritos de acusación no darán traslado al juez de sus escritos de defensa.

¿Cuándo comienza el juicio?

Una vez recibidos los escritos de acusación y defensa y finalizados los plazos, se espera que el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, cierre la instrucción, dictará auto de apertura del juicio oral y lo enviará al tribunal competente, probablemente la Audiencia Provincial, que podría fijar la fecha del comienzo del juicio para este año 2022 o a principios de 2023.

¿Quienes pasarán por los juzgados?

De momento, según incluye el escrito de acusación de Fiscalía, se interrogará a todos los acusados y responsables civiles subsidiarios.

También se va a citar a otras nueve personas, en calidad de testigos, entre los que se incluyen el actual presidente nacional de COAG, Miguel Padilla. 

El Fiscal también llama como testigos a un cabo y 26 agentes de la Guardia Civil y a cuatro funcionarios de la CHS.

Para las pruebas periciales el fiscal quiere llamar a declarar a un total de 11 científicos y expertos en materias como ingeniería agrónoma, biología y toxicología. Entre ellos se encuentran el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzafa y el científico titular del Instituto Geológico y Minero de España y profesor de Hidrogeología de de la Universidad de Murcia, José Luís García Aróstegui

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