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Opinión

La codicia terrenal de la iglesia católica

La firma de Nicolás García Rivas, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha

Cadena SER

Albacete

Hace un par de días, el Presidente del Gobierno visitaba al jefe de la iglesia católica española para negociar la devolución de los inmuebles públicos inscritos ilegalmente a su nombre. Sí, hablo del problema de las inmatriculaciones, seña de identidad de la codicia de esta confesión religiosa con los bienes terrenales.

El asunto viene de muy lejos, tanto que ya Jovellanos, Ministro de Justicia, se ganó la persecución de la Inquisición y fue tildado de "demócrata" y "ateo" por haber patrocinado un Informe sobre la reforma agraria que denunciaba lo que él llamó "la deserción de los campos y su débil cultivo" a causa del progresivo acaparamiento de tierra por parte de la iglesia católica, debido a lo que él mismo llamó "los desahogos de la riqueza agonizante", o sea que los nobles cedían sus tierras a cambio de la paz eterna.

La furibunda respuesta de la Inquisición fue un ejemplo de cinismo: las razones de Jovellanos son -decía- "de cortísimo momento" porque si había tardado 15 siglos en ser propietaria de (nada menos que) un tercio de las tierras de Castilla, todavía tendrían que pasar muchos para empatar a los seglares....Y se encargó de combatir a Jovellanos hasta lograr que abandonase el Ministerio.

En plena postguerra civil, en los durísimos años 40, la Ley Hipotecaria y su Reglamento autorizaron a la iglesia católica a inscribir "sus bienes" en el Registro con la autorización del Diocesano del lugar, o sea que la Iglesia se autorizaba a sí misma para inscribir como propia cualquier propiedad que careciera de inscripción previa en el Registro. Si a ello le sumamos las facilidades dadas por Aznar en 1998, no es extraño que la iglesia católica se haya apoderado de 30.000 propiedades que carecían de inscripción registral pero que no eran suyas; incluida la Mezquita de Córdoba. ¡Viva el voto de pobreza!.

Y mientras todo esto ocurre, a la vista de todos, el Ayuntamiento de Albacete aprueba la cesión de un terreno para uso exclusivo de la misma confesión. Es decir, no basta con que el Estado pague el sueldo de los sacerdotes, ni que Hacienda recaude en exclusiva para dicha confesión una parte de nuestros impuestos (cientos de millones de euros cada año), ni que esté exenta de pagar el IBI, que tanto escuece a los ciudadanos. Y eso por sólo hablar de propiedades y no de otros abusos -que no quieren investigar ni reconocer-, atentados contra los derechos civiles, etc.; ahora, encima, el Municipio tiene que cederle un terreno público...No. Creo que va siendo hora de que los ciudadanos digamos "ya está bien".

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