El expresidente de la DYA niega el desfalco de cinco millones de euros

El proceso contra el expresidente de la DYA, Fernando Izaguirre, y su socio, Juan Diego Gallardo, ha quedado visto para sentencia sin que los acusados hayan conseguido convencer a las acusaciones con sus explicaciones.

La segunda sesión del juicio que hoy ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Bizkaia ha comenzado con la declaración de Izagirre, acusado de los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. Izagirre ha asegurado que no tiene "ni idea" de contabilidad y ha responsabilizado del traspaso de hasta 5 millones de fondos que recaudaba la ONG a varias mercantiles de las que era socio o administrador, a un empleado de una de esas empresas (Emergencias Plus, creada con capital de DYA).

Sin embargo ese empleado, que declaró como testigo, explicó que desde que Izagirre fuera designado como coordinador general de la DYA en 2006 y después como presidente, su empresa recibía cada mes aportaciones de la ONG que después se reenviaban a otras tres empresas en las que eran socios el propio Izagirre y Gallardo.

Ambos eran administradores y tenían firma en las cuentas de esas mercantiles.

Las acusaciones sostienen que esa mecánica de aportaciones a través de empresas pantalla sobre las que la DYA no tenía ningún tipo de relación ni control, permitió a los encausados lucrarse personalmente.

En realidad, han denunciado, eran los fondos que habían aportado los colaborares a entidad benéfica y que sumarían alrededor de 5 millones, dejando a la ONG en causa de disolución.

El segundo acusado, Juan Diego Gallardo, que era socio de Ambulancias Barcelona junto a otras tres personas e Izagirre, ha asegurado que hubo "un pacto entre socios" para poder concurrir a un concurso público de transporte sanitario en Catalunya, si bien finalmente no se consiguió.

"Nos equivocamos al asociarnos con la DYA" porque conllevó tener que "sacrificar" su empresa por haberse "equivocado como empresarios". Ha asegurado que en 2013 abandonó "el proyecto arruinado" y se fue a vivir a Andorra.

Tras escuchar a los dos encausados, las partes han presentado sus informes definitivos y así la Fiscalía ha pedido una condena de 7 años de cárcel para Izagirre y otros 4 para Gallardo, por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. Además ha reclamado que indemnicen a la DYA con 4,75 millones de euros.

Tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares, que han elevado la petición de pena a 8 años de prisión y han reclamado 5 millones de indemnización, han coincidido en que ambos encausados se pusieron de acuerdo para sacar fondos desde la DYA "sin que haya documentación ni contratos que lo soporte o justifique" y que lo hicieron sin informar de ello a la Junta Directiva de esa entidad.

"La falta de control de las cuentas en DYA era absoluto" e Izagirre "eliminó todo tipo de control interno" dentro de la entidad, han censurado.

El abogado de la DYA ha recordado que es una entidad que no persigue lucro y que se financia con las aportaciones de sus socios, por lo que debía haber permanecido "alejada de cualquier tipo de negocio especulativo".

Por contra, las defensas han pedido la libre absolución de los acusados al estimar que no tuvieron responsabilidad en la quiebra de DYA, "que tenía una gestión amateur y eso le ha pasado factura". No hubo, han sostenido, ánimo en sus actuaciones empresariales para perjudicar a la DYA.

El letrado de Izagirre ha pedido que se estime como atenuante de la pena la aportación que ha hecho a la entidad.

Primer día de testigos: transferencia de fondos a ‘Emergencias Plus’

Durante la primera jornada han pasado una docena de testigos que han confirmado las transferencias millonarias a lo largo de los años. Según han declarado, la DYA de Bizkaia creó junto a la empresa Ambulancias Barcelona, al 50%, una nueva empresa llamada Emergencias Plus para poder optar a los concursos públicos que las diferentes administraciones licitan para el transporte sanitario.

A lo largo de los años en los que Izaguirre estuvo al frente de la DYA Bizkaia, la ONG transfirió algo más de cinco millones de euros a Emergencias Plus que, a su vez, transfirió parte de esta cantidad, hasta un total de 4.765.000 euros tanto a Ambulancias Barcelona como a otras mercantiles con las que la DYA no tienen ninguna vinculación, aunque los abogados de la defensa mantienen que todas tienen participación de los dos acusados.

Unas transferencias que la DYA realizaba en concepto de préstamos y que las empresas receptoras reflejaban en cambio en sus balances como aportaciones entre socios, sin ninguna intención de devolverlas.

Además, los testimonios han reflejado también un escaso control de las actividades que llevaba a cabo Fernando Izaguirre como presidente de la DYA en Bizkaia por parte de su junta directiva, voluntarios que se ocupaban más del día a día que de las cuentas de la ONG. Y los auditores han confirmado también que no existe ninguna documentación de estas transferencias.

El juicio continuará mañana con la declaración de los dos acusados y, tras ellos, serán los abogados los que expondrán sus conclusiones finales antes de que el juicio quede visto para sentencia.

Importancia de la vista en el tercer sector vasco

El caso afecta a una de las entidades de voluntariado más reconocidas de Bizkaia. No solo por la cuantía implicada, sino por la reputación y la función social de la DYA. La resolución judicial podría marcar un precedente importante en materia de gobernanza, transparencia y control del tercer sector con vínculos de colaboración público-privada.

Las acusaciones de la Fiscalía

En el escrito de acusación, el Ministerio Público sostiene que los procesados habrían gestionado de forma irregular los fondos de la DYA, generando perjuicios económicos a la organización. Se les imputan delitos continuados de administración desleal y falsedad documental, y se reclama además la devolución íntegra de los 4,75 millones de euros presuntamente desviados. Las defensas niegan las acusaciones y sostienen que las decisiones económicas adoptadas durante su gestión estaban amparadas por los estatutos de la asociación.