La investigación del palacete de Getxo apunta a un cambio de criterio municipal tras el caso de una villa en Neguri

Bilbao

Getxo retoma su ritmo después de una semana frenética con una sesión plenaria que finalizaba pidiendo la dimisión de la alcaldesa. El Partido Popular y Elkarrekin Podemos presentaron sendas mociones pidiendo la salida de Amaia Agirre, aunque solo prosperó la del grupo morado, con el apoyo de todas las fuerzas de la oposición. Sin embargo, la primera edil ya avisaba: "No voy a abandonar la alcaldía por exigencia de quien ha hecho del ruido su único proyecto y seguiré al frente de esta institución mientras tenga la legitimidad para hacerlo, con responsabilidad y firmeza".

A pocos metros del Ayuntamiento de Getxo, en el Palacio de Justicia, la investigación continúa. Ahora mismo, hay diez personas imputadas por presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico. La Ertzaintza trata de esclarecer por qué se produjo un cambio de criterio administrativo en el caso del palacete.

Tal y como ha podido conocer Radio Bilbao, la policía vasca sitúa como antecedente el caso de una villa de Neguri conocido como 'La Aldea'. La finca, con amplio jardín y piscina, está ubicada en la calle Zubitxoa nº1, cercana a la entrada al túnel de la rotonda de Artaza. La resolución de este caso se emplea como elemento comparativo al contar esta edificación con el mismo régimen de protección urbanística que el palacete de 'Irurak bat'.

'La Aldea' es un edificio clasificado como custodia municipal por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Getxo, una figura que implica un control reforzado por parte del Consistorio ante intervenciones de reforma o de derribo. En este caso, una empresa constructora solicitó licencia para demoler el inmueble, aportando un proyecto redactado por Foraster Arquitectos, el mismo estudio que elaboró el proyecto para el palacete de Algorta. Sin embargo, tras la tramitación del expediente, la técnica de Urbanismo, Sonia Quintana, denegó la licencia.

Informe jurídico

La negativa se sustenta en un informe jurídico fechado en septiembre de 2023, pocos meses antes de la demolición del palacete. Este documento concluye que no procedía autorizar el derribo de un edificio protegido por custodia municipal. Quintana, a instancia de Iñigo Urkitza, uno de los concejales investigados, realiza un informe jurídico donde propone a la Junta de Gobierno "denegar a la mercantil la licencia de obras solicitada para el derribo" de 'La Aldea'. Finalmente, así lo hizo este órgano del equipo de Gobierno. La resolución fue notificada a la constructora interesada, según ha podido conocer la SER.

Así es la vivienda de lujo que los dos concejales investigados por el palacete de Getxo tenían reservada en la promoción

La clave para la investigación en este caso se sitúa en que la villa de Neguri presentaba el mismo tipo de protección urbanística que el palacete 'Irurak Bat', cuya demolición se ejecutó en su totalidad. En ambos casos, los edificios estaban sometidos a custodia municipal y existía conocimiento expreso de esa protección por parte de los servicios municipales.

Cambio de criterio

Los investigadores ponen el foco en que, mientras que en el caso del edificio de Neguri la custodia municipal fue considerada un límite suficiente para impedir el derribo, en el expediente del palacete se permitió una intervención mucho más intensa. El proyecto presentado en este segundo caso planteaba "el derribo total del edificio y su sustitución por uno nuevo, no una rehabilitación integral de un edificio que forma parte del patrimonio cultural del municipio de Getxo", una actuación que, según se indica, "no era autorizable en esa fecha".

La Ertzaintza no formula acusaciones directas, pero sí deja constancia de una diferencia de criterio administrativo relevante. La comparación entre ambos expedientes se utiliza para cuestionar la coherencia de la actuación municipal y para contextualizar las decisiones que desembocaron en el derribo de un edificio protegido sin autorización expresa. En ese marco, el caso de 'La Aldea' aparece como un precedente en el que el Ayuntamiento, con la misma técnica jurídica y ante una protección equivalente, optó por una solución radicalmente distinta.