Economia y negocios

36 nuevas empresas de gallegos retornados se establecieron en la provincia de A Coruña en 2021

Xunta y Fundación Ronsel han firmado una nueva edición de las ayudas Merlo 2022

Isabel Bravo

A Coruña

La Xunta y la Fundación Ronsel firman por segundo año un acuerdo de colaboración para que los empresarios gallegos emigrados en el exterior puedan volver a la comunidad. El año pasado de los 100 empresarios retornado 36 se quedaron en la provincia de A Coruña, cifras que la Xunta espera volver a alcanzar este año. Venezuela, Argentina y Suiza son los principales países de los que retornan.

Los beneficiarios cuentan con un mentor especializado en ramas como marketing o comunicación digital que aconseja a las empresas sobre los campos en los que menos conocimiento tienen. Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Emigración ha acudido a la firma del programa y ha manifestado la importancia que tienen estos empresarios para el tejido gallego. Asegura que la mayoría se establecen como proyectos exitosos.

Hombres de mediana edad, con experiencia previa en el sector empresarial y con estudios es el perfil más común de este programa. El programa Merlo 2022 cuenta también con una dotación económica de 100.000 euros.

"El 80% de las personas emprenden en ámbitos donde tienen experiencia profesional y el 70% tienen formación académica de diferentes niveles relacionados con el sector que emprenden", ha explicado Rodríguez Miranda sobre los proyectos que se ponen en marcha.

Sobre el trabajo que se desarrolla con ellos, a través de un convenio con una dotación económica de 100.000 euros, ha indicado que se analiza con ellos el proyecto y su desarrollo, "corrigiendo cosas para dar garantías mayores de éxito".

En cuanto a los países de retorno, ha citado que son, principalmente, Venezuela y Argentina, además de Suiza, Reino Unido y Alemania.

Por otra parte, ha avanzado que la Xunta está trabajando en una nueva estrategia 'Retorna' para la planificación de los próximos años y después del desarrollo de más de 60 líneas de acción, tanto en el ámbito social como educativo y laboral.

El secretario xeral de Emigración ha aprovechado también el acto para reclamar una "implicación activa" por parte del Gobierno central. "La totalidad de las competencias las debería ejercer el Estado", ha recalcado a este respecto.

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