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Fiscalía pide casi 3,5 años de cárcel para el apoderado de una empresa de Vigo por delito tributario y falsedad

El primer juicio se celebra en la macrosala de la Ciudad de la Justicia con quejas de ambas partes por la mala calidad de sonido

La Fiscalía pide casi tres años y medio de prisión para el apoderado de una empresa de Vigo al que acusa de un delito contra la Hacienda Pública en grado de tentativa y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En la vista, celebrada por el juzgado de lo Penal 2 de Vigo este martes en la macrosala de la nueva Ciudad de la Justicia (en la que tanto el tribunal como las partes han lamentado la mala calidad del sonido por el eco), se han sentado en el banquillo de los acusados este apoderado, además de otros dos acusados por la Agencia Tributaria, también vinculados a la red de sociedades a la que pertenecía la empresa donde trabajaba el primero de los procesados.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, este apoderado ejercía realmente como administrador de la empresa y maneja sus cuentas bancarias. Así, aunque la sociedad se dedicaba al pertrecho de buques, el acusado "fingió" que ampliaba su campo de actividad a la compraventa de pescado, emitiendo facturas que no se correspondían con operaciones reales.

Veinte facturas por 1,6 millones

De este modo, se emitieron casi una veintena de facturas a lo largo de 2015, por un valor total de 1,6 millones de euros. Al hacer las declaraciones del IVA, los documentos presentados por la empresa recogían el IVA soportado por esas facturas falsas, de modo que la sociedad reclamó a Hacienda la devolución de casi 136.000 euros.

La Fiscalía sostiene que la Agencia Tributaria devolvió a la empresa indebidamente solo 26.289,84 euros, ya que paralizó los trámites al detectar las irregularidades.

Por todo ello, acusa al apoderado y a la sociedad de delitos intentados contra la Hacienda Pública, y en el caso del primero, también de falsedad documental.

Para el apoderado pide un total de 3 años y 4 meses de prisión, además de la prohibición de optar a subvenciones o incentivos fiscales durante dos años y medio (misma prohibición que reclama para la empresa). A estas penas se suma la petición de una multa de 25.000 euros para la empresa, y multas que suman 28.240 euros para el apoderado.

Con respecto a la responsabilidad civil, los dos acusados deberán indemnizar conjuntamente a la Agencia Tributaria en 26.289,94 euros.

 
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