¿Quién destruye las plantaciones ilegales de cannabis cuando son incautadas?

Madrid

Este martes, además de la aprobación del cannabis para uso terapéutico, el Ministerio del Interior declaraba desierto un concurso público para eliminar plantaciones ilegales de cannabis. La oferta, de unos 24.000 euros, estaba dirigida a jardineros a fin de colaborar en la Comunidad de Madrid con Policía Nacional y Guardia Civil. Más allá de esta curiosidad, en 2021 las incautaciones aumentaron en un 60%, según datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Tal es el atractivo para las organizaciones transnacionales que España ha pasado de ser un país consumidor a producir y proveer a gran parte de Europa. Alrededor de tres millones de plantaciones se distribuyen, principalmente en Andalucía, y en concreto Granada, el Levante, Cataluña, Madrid, Toledo y País Vasco. La superficie cultivada es tan extensa que las Fuerzas de Seguridad del Estado requieren de empresas privadas para eliminar los cultivos. ¿Cómo se desarraigan estas explotaciones?

En el caso de cultivos pequeños se encargan los propios agentes. Cuando el número de ejemplares aumenta, las plantas se introducen, in situ, en una trituradora. Pero cuando son grandes extensiones, el CITCO financia “empresas de confianza”, explica la Teniente de la Unidad Técnica de la policía judicial de la Guardia Civil, Elena Cogollo Tejero.

“El consumo de la marihuana está cada vez más admitido socialmente, no como quien consume heroína que se ve de clase social baja”, apunta. Cogollo enumera que, entre otras causas del aldabonazo, están las creencias beneficiosas para la salud o el atractivo económico y cultural para las bandas organizadas.

Las energéticas, aliadas de las Fuerzas de Seguridad

Desde el punto de vista legal, considera que “el reproche penal en España es muy bajo, el binomio riesgo-beneficio es poco arriesgado”. Esta situación propicia un “efecto llamada” para las bandas criminales, que ven cómo aumenta la competencia y la violencia por “el ambiente hostil que se crea”: “Se incrementan los vuelcos, los ajustes de cuenta, el blanqueo de capitales y el robo entre bandas”, matiza.

A finales de 2021 se aprobó el Plan Nacional de Actuación contra la criminalidad asociada a la producción y al tráfico de marihuana, una medida que evidencia “la preocupación en España”. Señala La teniente que la Guardia Civil hace distinción entre el tráfico de la marihuana de THC y el cáñamo industrial, “si bien el THC que tienen es pequeño, lo destinan al consumo del cogollo, está empezando a ser un problema”.

Sobre las investigaciones, destaca la “colaboración con las energéticas”. La mayoría de los cultivos son interiores, para preservar la discreción y aumentar la productividad: “se pueden conseguir cinco cultivos al año”, apunta. “Necesitan lámparas potentes e instalaciones que son caras en cuanto a consumo eléctrico” para optimizar las condiciones medioambientales. Estas anomalías “suponen un delito de defraudación del fluido eléctrico”, culmina