Economía y negocios

El PP presenta al fin su plan energético con medidas como bonificar las facturas de luz y gas a quien reduzca su consumo

Núñez Feijóo presenta casi una semana después de su cara a cara con Sánchez en el Senado sus medidas para hacer frente a la crisis energética

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con sus propuestas de ahorro energético el martes pasado en el Senado / Juanjo Martín EFE

Madrid

Se ha hecho esperar pero por fin este lunes el PP ha hecho público su plan de ahorro energético en contraposición al del Gobierno que ha tildado de "improvisado" en más de una ocasión Alberto Núñez Feijóo. El pasado martes, durante el cara a cara del líder de la oposición y Pedro Sánchez en el Senado, Feijóo remitía a sus medidas sin anunciarlas. Los periodistas le preguntaron también pero desde el PP no se adelantó nada. Había que esperar unos días porque el plan se estaba perfilando y este lunes lo han dado a conocer pero la prensa sigue sin tener acceso ese documento.

Ahora ya sabemos que ese plan se divide en ocho bloques de propuestas: la creación de una Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) energética, nuevas fórmulas de fijación de precios, propuestas de reducción impositivas, mix energético (desde nuclear a renovables), creación de nuevas infraestructuras, estabilidad del suministro, medidas de ahorro energético para el sector privado y medidas de ahorro energético para el sector público.

Entre las medidas más llamativas destacan algunas que ya ha puesto en marcha el Gobierno como reducir el precio del transporte público (incluidos autobuses) o impulsar el gaseoducto que conecta España con Europa (MidCat). También proponen bonificar las reducciones del consumo de los hogares, unificar todos los impuestos de la electricidad en uno que resulte más sencillo de modificar en situaciones de necesidad, como la actual, y rebajar el precio del CO2 -o incluso suspender su pago- temporalmente. Además, desde el PP insisten en utilizar "todas las fuentes de energía disponibles", iniciativa bajo la cual también figura su propuesta de alargar la vida útil de las nucleares, así como la fijación de nuevas fórmulas de precios, y plantean la reforma del PVPC, que es la tarifa que tienen los consumidores que tienen la electricidad contratada en el mercado regulado, algo en lo que ya trabaja el Ejecutivo y que espera tener listo durante el inicio del próximo año. Mantienen los populares, también, su intención de limitar la obligatoriedad de las medidas al sector público -epígrafe en el que incluyen la sustitución de la flota de vehículos públicos por otros más eficientes, la modernización de las instalaciones de calefacción o el establecimiento de objetivos vinculantes de autoconsumo- mientras que para el sector privado proponen establecer ayudas a la renovación de electrodomésticos y las calderas, incentivos a la industria para la sustitución de combustibles y la renovación de flotas o establecer un mecanismo de interrumpibilidad con compensaciones para aquellas industrias que decidan detener su consumo energético.

El PP considera que un impuesto a las eléctricas puede ayudar a reducir la factura de los hogares, pero cree que no es buena idea si lo que se busca es "incrementar la caja". "No podemos estar a favor de un impuesto que grava a los españoles", ha apuntado el vicesecretario económico del partido, Juan Bravo, que señalaba que lo que se pretende con este plan es conseguir un cambio de criterio: "Que los españoles pasen de la obligatoriedad, de hay que hacerlo, a plantear que podemos ahorrar".

Bonificación para los consumidores que ahorren energía

Esas bonificaciones se establecen según el ahorro en tres grupos:

  • Los consumidores que ahorren entre un 3 y un 6,9% de energía obtendrían una reducción en su factura de luz del 5% y de gas, un 7%.
  • Si el ahorro está entre un 7 y un 14,9%, la factura de luz tendrían un descuento del 10% y el de gas, un 20%.
  • Y si el ahorro es superior al 15%, la luz recibirían una rebaja del 20% y el gas, del 40%.

Estas rebajas se llevarían a cabo entre noviembre y marzo y, aunque serían las comercializadoras de energía las encargadas de establecer un control sobre esa reducción efectiva del consumo de energía, su implementación correría a cargo de los presupuestos públicos. Los populares estiman, en base a los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que esta medida tendría un coste para las arcas del Estado de 2.900 millones de euros si el ahorro final se situase en la horquilla central. No obstante, Bravo avanzó que están "abiertos" a modificar los porcentajes o aplicar un umbral de renta máximo para beneficiarse de estas rebajas que se pagarían con los ingresos del Gobierno por el alto coste de la energía.

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