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Bruselas da un año a España para la Reforma juidicial mientras envía a Reynders como "mediador" entre Gobierno y oposición

La Comisión Europea aleja la amenaza de sanciones contra España antes del viaje que realizará a Madrid el comisario de Derechos Fundamentales

El comisario europeo de Derechos Fundamentales, Didier Reynders junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen / OLIVIER HOSLET EFE

Bruselas

El verano de 2021, el Comisario Reynders dió a los partidos españoles un plazo de "semanas" para que resolvieran sus problemas en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Si no, la Comisión tendría "que estudiar otro tipo de medidas" para resolver el bloqueo.

"Espero no tener que volver a constatar este problema en mi próximo informe", dijo en declaraciones a la Cadena SER. Era Julio de 2021 y Reynders estaba dispuesto a viajar a Madrid para encontrarse con los partidos españoles.

El viaje lo hará la semana que viene y con voluntad de mediador. "Mediador, formador... hay muchos nombres" explica tras la rueda de prensa haciendo referencia a su experiencia belga en distintos gobiernos de constitución siempre muy complicada y continuidad peor.

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Su mensaje lo ha dejado muy claro ante los micros, alejando primero el riesgo de sanciones y afirmando después que lo que quiere es una ley que respete las normas europeas, es decir, una ley que permita que los jueces del Consejo General del Poder Judicial sean nombrados por sus pares, al menos el 50 por ciento, y, en la medida de lo posible, que las designaciones pendientes se hagan en base a este principio.

"En el nuevo informe del año que viene podremos evaluar los progresos", ha declarado en la rueda de prensa. Para entonces, el Comisario confía en que los principios de la futura ley estén pactados dando por hecho que las designaciones pendientes serán mucho mas rápidas.

Lo que la Comisión no quiere es que este viaje sea interpretado como el primer paso para un expediente contra España y por esto el Comisario ha dedicado un esfuerzo especial a intentar explicar que "no puede comprarse a España con Polonia".

Reynders incide en que la diferencia esencial entre los dos problemas judiciales "es que en el caso español no estamos ante el riesgo de una ley nueva y regresiva". La legislación española tiene más de 20 años, ha asegurado, y de lo que se trata ahora es de mejorarla. Por esto Reynders afirma que su intención no es la de amenazar con expedientes sino la intentar forzar "una salida dialogada entre los partidos políticos y el gobierno para encontrar un acuerdo". Acuerdo que incluya un compromiso sobre la futura Reforma y agilice la designación pendiente de jueces que a su entender debe hacerse teniendo en cuenta las opiniones de las distintas organizaciones judiciales.

 
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