La factura energética angustia a las universidades: "Vamos a apagar la calefacción lo máximo posible porque el gasto es inasumible"

Madrid

Al igual que está pasando en muchos hogares que tienen que renovar ahora sus contratos de luz y gas, los centros educativos están viendo cómo se disparan sus facturas energéticas este curso. Eso está obligando a ayuntamientos y comunidades autónomas a incrementar notablemente las partidas destinadas a pagar electricidad y calefacción. La SER, a través de su red de emisoras, ha analizado la situación en colegios, institutos y universidades y el problema es común, aunque es más grave en algunos centros educativos que en otros.

Las universidades, las que más sufren

Las universidades son las que más lo están sufriendo. A preguntas de la SER, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) asegura que los presupuestos se les pueden desviar "hasta un 60% sobre lo inicialmente previsto", que "aunque se están adoptando medidas de ahorro, esto solo servirá para minorar un impacto presupuestario no previsto".

Hay casos extremos que llevan incluso a tener que apagar la calefacción todo el tiempo que se pueda para ahorrar. Es el caso de la Universidad Politécnica de Valencia. Su rector, José Capilla, ordenó la semana pasada que a partir de hoy, 10 de octubre, "el aire acondicionado y la calefacción ya no se utilicen y vamos a intentar prolongar esta situación lo más posible porque es un consumo inasumible". La Politécnica presupuestó 7 millones de euros para energía este año y va a pagar casi 15. La Universidad de Valencia previó un gasto de 10 millones y se acerca ya a los 20. De hecho, las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana van a pagar este año 32 millones de euros más que en 2017 sólo en la factura energética.

En Andalucía, fuentes de la Universidad de Sevilla nos reconocen que o reciben más dinero de la Junta o tendrán que buscar otras vías de financiación para poder pagar la factura. De momento, el Gobierno de Moreno Bonilla no les ha dado respuesta a su demanda. Lo mismo pasa en Murcia. La rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel, reconoce abiertamente que igual no pueden encender la calefacción en invierno. En la Universidad del País Vasco, la más grande de Euskadi, también admiten que les va a costar llegar a fin de año por los costes de la factura energética y asumen que van a tener que pedir más dinero al Gobierno de Urkullu.

En Cataluña, los contratos energéticos de las Universidades expiran a finales de año y la Autónoma de Barcelona, por ejemplo, estima que se le puede multiplicar por cuatro la factura. La Politécnica de Cataluña calcula que los 5,5 millones de gasto energético de este año se pueden convertir en hasta 9 millones y medio el año que viene.

La mayoría de los centros está adoptando medidas de eficiencia energética como mejorar el aislamiento de los edificios, cambiar la iluminación por luces de bajo consumo, instalar grupos técnicos más eficientes, detectores de movimiento, etc. En Aragón, por ejemplo, las facultades van a adelantar una hora el cierre. El rectorado les ha pedido que concentren las clases para poder cerrar una hora antes. El gerente de la Universidad de Zaragoza, Alberto Gil, cree que se puede ahorrar hasta un 10% en la factura sólo con esta medida. En la Universidad de Deusto, entre otras cosas, van a agrupar actividades en edificios dotados de energía renovable para intentar ahorrar. En la de Oviedo, a finales del curso pasado, ya tuvieron que apagar la calefacción en el mes de abril -un mes antes de lo habitual- y cerrar todas las sedes en agosto. Pese a todo la última factura -que llegó este verano- asciende a 414.000 euros, el doble que la factura equivalente de año pasado. En la inauguración de curso académico, el presidente Barbón anunció un "histórico" acuerdo de financiación para la Universidad por valor de 1.000 millones de euros para el período 2023-2028 y que a priori debería ser suficiente para cubrir todos los gastos estructurales de la institución.

Las facturas también se disparan en colegios e institutos

A través de la red de emisoras de la SER hemos consultado también con los ayuntamientos de las principales ciudades, que son los encargados de pagar las facturas de los colegios públicos. Todos los consistorios garantizan que no va a haber ningún problema, que se pagarán las facturas que haya que pagar para que los centros educativos estén debidamente climatizados e iluminados. No obstante, sí reconocen que las facturas se están duplicando o triplicando en muchos casos con respecto al año pasado.

La mayoría de los ayuntamientos incluyen las facturas energéticas de los colegios en el capítulo de edificios municipales, con lo que el desglose específico es más difícil pero hay algunos datos que permiten hacerse una idea. Al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, le venció el contrato de luz el 31 de agosto y ha pasado de pagar 51 euros el megavatio a pagar 114 ahora. Más del doble. Es un incremento del 123% en la factura. De 23 millones de euros a casi 32 este curso. En Albacete, la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha, la factura en gasóleo para los coles fue de 231.000 euros el curso pasado. Este que acaba de empezar va a ser de 324.000. Un 40% más. Pero es que la factura del gas ha pasado de 161.000 euros a 378.000. Un incremento del 134%. En Logroño, el Ayuntamiento prevé que la factura del gas se duplique y la de la luz se triplique. En Zaragoza, van a pasar de pagar 30 millones de euros en luz a más de 60 por todos los edificios municipales, que incluyen los colegios. En Barcelona hay centros concertados que han visto con las facturas de luz y gas se han multiplicado por cuatro en septiembre de este año con respecto al mismo mes de 2021. Un colegio con mil alumnos ha pasado de pagar 1.200 euros de luz a casi 4.400 y en gas de 210 a 820.

Estos son ejemplos de ayuntamientos que han tenido que renovar los contratos ahora, como le está pasando a muchos ciudadanos. También hay casos como el de Valladolid, que tiene un contrato de gas pactado hasta el año que viene o de la luz hasta 2026 y que de momento se libra de estas subidas. Como las facturas se están desmadrando, hay muchos ayuntamientos implantando ya planes de ahorro energético que pasan por la instalación de placas solares, el cambio de calderas por otras más eficientes o recurrir a otros combustibles más sostenibles y más baratos como la biomasa, que la están usando en algunos colegios de Ciudad Real, por ejemplo.

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Una comunidad de vecinos de Logroño decide pasar el invierno sin calefacción

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En cuanto a los institutos, la situación es muy parecida, con la única diferencia de que en este caso son las comunidades autónomas, y no los ayuntamientos, las que corren con los gastos. Varios Gobiernos regionales están adelantando ya dinero para que puedan hacer frente a las facturas que están empezando a llegar bastante más infladas que el curso pasado.

En Baleares, por ejemplo, la Consejería de Educación tuvo que hacer una aportación extra en el último trimestre del curso pasado para pagar la luz que superó los 300.000 euros. En Cataluña, en los institutos de Barcelona, la Generalitat ha tenido que adelantar dinero en septiembre y está haciendo cálculos de cuánto va a tener que aportar de más en los próximos meses porque son conscientes de que las facturas se van a disparar. En Castilla-La Mancha, lo que están haciendo es incorporar a los institutos a un acuerdo marco que tiene la Junta para el suministro de energía eléctrica en el que los precios son más favorables. No obstante, en el Gobierno castellano-manchego ya asumen que van a tener que hacer un libramiento extraordinario en este último trimestre del año para hacer frente a los gastos de calefacción.

En la Comunidad Valenciana algunos centros reconocen que la factura se está "comiendo" su capítulo de ingresos procedentes de la administración, así que la Conselleria d'Educació les ha permitido solicitar crédito, es decir, una inyección extra de financiación. En esta situación extrema hay, según la Generalitat valenciana, una veintena de institutos de la comunidad, que son el 5% del total. Los centros concertados, por su parte, aseguran que la Conselleria d'Educació tiene congelada desde hace 12 años la partida de gastos generales que entrega a cada centro en función del alumnado. En esa partida está el gasto de luz, agua y gas. Los centros concertados aseguran que están pidiendo a la Conselleria que revise al alza el dinero que entrega a la concertada en este capítulo para poder asumir la subida del precio de la luz.

Y en Madrid, los directores de institutos públicos prevén que haya problemas con la subida de la luz y de la calefacción. Dicen que aún no han sucedido porque todavía no han puesto las calefacciones. Que los tanques de gasoil se van a llenar a finales de este mes o primeros de noviembre y van a necesitar más dinero. Para hacerse una idea, un instituto de unos 800 alumnos suele pagar por cada tanque de combustible unos 10 mil euros y hay que llenarlos dos veces por curso.