Política

Gobierno y ERC pactaron impulsar la reforma del Código Penal para zanjar la crisis por el espionaje con Pegasus

El acuerdo para derogar el delito de sedición se precipitó hace diez días y se cerró el miércoles pero llevaba meses fraguándose de manera discreta entre los equipos pilotados por el ministro Félix Bolaños y la 'consellera' Laura Vilagrà. Gobierno y Generalitat ultiman una reunión de la mesa de diálogo que servirá para escenificar el acuerdo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, antes de mantener una reunión en el Palacio de la Moncloa. / Emilio Naranjo EFE

Madrid

El espionaje a dirigentes independentistas, ordenado presuntamente por el CNI con el software Pegasus, provocó una de las mayores crisis entre el Gobierno de coalición y el socio parlamentario de más peso en número de escaños, Esquerra Republicana. El caso, destapado en abril, hizo que la Generalitat restringiera al mínimo las relaciones con el Ejecutivo central, votara en contra de la convalidación de uno de los decretos ‘anticrisis’ y congelara la actividad de la ‘mesa de diálogo’.

Se necesitó el cese de la directora del CNI (a la que se responsabilizó también de la brecha de seguridad abierta en las comunicaciones del Gobierno) y de dos reuniones —una en abril y otra en junio— para poder reconstruir la confianza que en palabras de Pere Aragonés, había quedado "dañada". Fue en julio, cuando la Moncloa y la Generalitat volvieron a reunirse formalmente para zanjar la crisis. Lo hicieron acordando dar un nuevo impulso a la reforma del Código Penal, un compromiso que llevaba meses en el aire, y que este viernes se ha registrado en forma de proposición de Ley en el Congreso de los Diputados.

Tras esa última reunión celebrada en el Palacio de La Moncloa, Gobierno y Govern hicieron públicos dos documentos, uno sobre cuestiones lingüisticas y otro que recogía una serie de principios para, decía literalmente, “superar la judicialización y reforzar las garantías”. En el texto, firmado por el ministro Félix Bolaños y la Consellera Laura Vilagrà, no se concretaban medidas más allá de expresar una voluntad genérica: la de “apostar por avances representativos de una mayoría social y parlamentaria amplia” y “que se concreten en reformas legislativas”, “para facilitar la resolución del conflicto político” y hacerlo “tomando como referencia los mejores estándares europeos”. Entonces ninguna de las delegaciones se atrevía a aclarar en qué se podrían traducir esas afirmaciones que hoy cobran más sentido.

Según fuentes de la negociación, a partir de ese día, el miércoles 27 de julio, ambas partes pasaron página de la crisis del espionaje y empezaron a intercambiar documentación para modificar el Código Penal y tratar de llegar a un acuerdo, en concreto, sobre el delito de sedición. Han sido meses de contactos discretos que este jueves se han materializado en la proposición de Ley impulsada por parte de los portavoces de PSOE y Unidas Podemos, Patxi López y Jaume Asens. La iniciativa inicia ahora el recorrido parlamentario en el Congreso con la intención de estar aprobada antes de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

De la rebaja de las penas a la derogación de la sedición

Tanto el los dirigentes del PSOE como los miembros del Gobierno consultados por este asunto han asegurado hasta hoy que "no había novedad" respecto a una hipotética reforma del delito de sedición. Esa ha sido la directriz impuesta para mantener en secreto los avances. Hermetismo que ha llegado al punto de que el portavoz del grupo parlamentario, Patxi López, encargado de explicar este viernes el detalle de la iniciativa, afirmara el martes, hace cuatro días, que no había ningún cambio del Código Penal plasmado sobre el papel. La redacción definitiva se cerró solo 24 horas después. El ministro de la Presidencia, la portavoz del Ejecutivo y otros miembros del gabinete de Sánchez han mantenido ese mismo discurso durante los pasados días.

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Lo cierto es que aunque el intercambio de propuestas llevaba meses produciéndose, las negociaciones se intensifican a raíz de la ruptura de las negociaciones del CGPJ entre el PSOE y el Partido Popular. Ese fue, según fuentes de la negociación, uno de los momentos de mayor tensión en las conversaciones entre Esquerra y Gobierno central. Los republicanos temieron que el órdago lanzado por Feijóo sobre el Poder Judicial enterrara las posibilidades de acuerdo en torno a la sedición. Pero al contrario, desde ambos equipos admiten que la decisión del PP hizo que se concretaran los detalles de la propuesta.

Aseguran en el Gobierno que ha sido la constatación de que, ahora sí, hay una mayoría en el Congreso para sacar adelante la medida, lo que ha permitido alcanzar el pacto. Algo que se ha conseguido también gracias al cambio de postura del Ejecutivo. Originariamente la propuesta que hacía la Moncloa pasaba por rebajar las penas: en su día el ministro Juan Carlos Campo planteaba que fuera a la mitad de las que están en el Código Penal acutal. Pero Esquerra siempre presionó para la derogación del tipo, que es lo que finalmente se contempla en la iniciativa registrada. En el PSOE explican que, a cambio, los republicanos admiten que los hechos cometidos en 2017 son constitutivos de delito.

Fuentes del partido de Junqueras admiten que este es "un acuerdo de mínimos", que celebran, pero admiten que van a intentar llegar más lejos durante el trámite de enmiendas parciales. La intención de los republicanos es introducir también cambios en el delito de malversación de fondos públicos, el otro tipo penal por el que fueron condenados los ‘consellers’ que impulsaron el intento de referéndum y el proceso independentista. El propio presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha reconocido en una entrevista en Rac-1 que ese artículo “es un cajón desastre que permite interpretaciones torpes”. Asique ERC podría tener como aliado para esta tarea a uno de los partidos que forman parte de la coalición.

Una nueva mesa de diálogo para escenificar el pacto

La intención de Gobierno y Generalitat es volver a celebrar antes de que acabe el año una nueva reunión de la mesa de diálogo, como se comprometieron a hacer en el mes de julio. El encuentro, que ambos equipos están terminando de perfilar, servirá para escenificar el acuerdo sobre el Código Penal que ayer adelantó Pedro Sánchez. Por ahora, se han centrado en el contenido y lo que tratan de decidir PSOE y Esquerra es la forma: si son Bolaños y Vilagrà los que vuelven a hacerse la foto o apuestan por darle más entidad a la cita con la presencia de los presidentes Sánchez y Aragonés.

 
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