Tribunales

¿Qué pasará con Puigdemont tras la reforma del delito de sedición?

En caso de que el expresident se presentara ante la Justicia española, el Supremo tendrá la última palabra

Carles Puigdemont en una foto de archivo

El PSOE y Unidas Podemos han presentado la proposición de ley para reemplazar el delito de sedición que supondrá una revisión a la baja la inhabilitación a los líderes del procés. La reforma afecta también a los fugados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, acusados de sedición y malversación. Sin embargo, está en manos del Tribunal Supremo dilucidar si les beneficia o les perjudica en el caso de que decidieran presentarse voluntariamente ante la Justicia española.

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Los planes del Gobierno pasan por suprimir el delito de sedición, que fue lo que dijo el Alto Tribunal que se produjo en Cataluña en octubre de 2017. Ahora se crea un nuevo delito de desórdenes públicos agravados que pretende sustituir al anterior con una pena sensiblemente inferior. Se pasa de los 10-15 años de condena que contemplaba la sedición a los entre 3 y 5 que contempla el nuevo tipo penal.

Sin embargo, la Fiscalía acusaba por rebelión a los líderes independentistas. Por ello, en el caso de Carlos Puigdemont o el resto de fugados decidieran volver a España, serán los magistrados que dictaron la sentencia los que tengan que aclarar si cometieron un delito de desórdenes públicos agravados o, por el contrario, cometieron un delito de rebelión como sostiene el Ministerio Público.

¿Cuándo prescribirían los delitos?

Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press destacan el impacto de la reforma penal en los plazos de prescripción de los presuntos delitos. Conforme al artículo 131 del Código Penal (CP), actualmente el tiempo que debe transcurrir para que se extinga la responsabilidad penal es de 20 años para todos los procesados por sedición, Puigdemont incluido.

Si se intercambiara la sedición por el futuro delito de desórdenes públicos agravados, la prescripción caería a los 10 años, porque es el plazo contemplado cuando "la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10", como sería el caso. Las citadas fuentes apuntan que se trata de la misma prescripción vigente para la malversación.

Una vez extinguida la responsabilidad penal, los fugados podrían regresar a España sin tener que enfrentarse a la Justicia, pero las fuentes hacen hincapié en que se trata de un asunto complejo porque desde que se cometieron los hechos delictivos, en 2017, el plazo de prescripción ha comenzado a correr y se ha vuelto a poner a cero varias veces. De hecho, subrayan que el supuesto más complicado es el de Puigdemont.

Pendientes de Europa

En medio de este nuevo escenario, está pendiente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales que planteó Llarena. El magistrado del Supremo acudió a la Justicia europea después de que un tribunal de apelación belga rechazara entregar a Puig, huido a Bélgica junto a Puigdemont, mientras mantenía en suspenso las decisiones sobre éste último y otros dos ex miembros del Govern —Comín y Ponsatí— por ser eurodiputados.

Llarena cuestionó el modo en que se resolvió el caso de Puig, sino que pidió aclarar el alcance de las órdenes europeas de detención y entrega contra el resto de reclamados y los supuestos en que pueden ser rechazadas.

Cabe recordar que el pasado julio el Abogado General Jean Richar de la Tour informó al Tribunal de Justicia de la UE —en un dictamen no vinculante— de que los tribunales belgas se extralimitaron al negar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir las euroordenes. Aseguró que negar la competencia del Supremo podría "resquebrajar" el principio de reconocimiento mutuo que los países de la Unión Europea aceptaron al diseñar la euroorden. Aunque los dictámenes no son vinculantes para el TJUE, sus sentencias siguen en la gran mayoría de los casos la línea marcada por la opinión del Abogado General.

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En todo caso, la respuesta a las preguntas de Llarena no marcarán el final del recorrido ya que hay un segundo asunto pendiente de resolución en la Corte europea, por la que la Justicia belga paralizó el proceso de Puigdemont en enero de 2020.

Puigdemont, Comín y Ponsatí obtuvieron un escaño en las elecciones europeas de mayo de 2019 y ocuparon escaño a partir de enero de 2020, después de que una sentencia del Tribunal de la UE en el caso del líder de ERC Oriol Junqueras estableciera que debieron ser reconocidos como eurodiputados desde la proclamación oficial de los resultados, aunque no acudieran a jurar la Constitución.

Como consecuencia, el Supremo envió los respectivos suplicatorios al Parlamento Europeo para solicitar la suspensión de las inmunidades de los tres eurodiputados de JxCAT para que puedan ser juzgados en España, una medida que el pleno de la Eurocámara aceptó en marzo de 2021. En esta ocasión, fueron los tres políticos independentistas quienes acudieron al TJUE en mayo de 2021 para recurrir la decisión europarlamentaria y exigir que les fuera restituida la inmunidad; un caso que sigue pendiente de sentencia.

Entretanto, los tres reclamados solicitaron que les fuera restituida cautelarmente la inmunidad mientras se resolvía el recurso, pero el Tribunal consideró que no era necesario porque las euroórdenes se consideraban suspendidas y no había riesgo de que fueran detenidos en sus desplazamientos como eurodiputados.

La detención de Puigdemont en Cerdeña (Italia) permitió a los reclamados volver a solicitar medidas provisionales a Luxemburgo, que en un segundo auto el pasado mayo les devolvió sus respectivas inmunidades hasta que se resuelva el caso.

 
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