Política

El Congreso da el primer paso para aprobar la reforma del delito de sedición con el apoyo de ERC, PNV y Bildu

El primer trámite parlamentario para la derogación del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados se ha aprobado a escasos minutos de la una de la madrugada y ha contado con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la jornada de este jueves en el Congreso de los Diputados / Kiko Huesca (EFE)

Madrid

La propuesta del PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición llega este jueves al Congreso, que abordará la toma en consideración de la reforma con una inusual votación a viva voz y diputado por diputado, fórmula a la que ha forzado el PP con el objetivo de que los socialistas tengan que "retratarse". El debate sobre la polémica iniciativa para convertir el delito de sedición en desórdenes públicos agravados con una pena de hasta 5 años de cárcel se ha producido en un momento especialmente tenso entre el Gobierno y el PP, con constantes cruces de reproches en una semana en la que el Ejecutivo ha sacado adelante este mismo jueves los Presupuestos Generales de 2023.

El primer paso en el trámite parlamentario para la derogación del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados se ha aprobado a escasos minutos de la una de la madrugada y ha contado con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones.

La primera diputada en ser llamada a votación ha sido la socialista Inmaculada Oria, que ya ha adelantado que todo el grupo iba a votar unido "sin fisuras". Los demás diputados del PSOE se han puesto también de pie para escenificar esa unidad frente a la pretensión del PP de buscar desmarques.

Tras la votación de las cuentas públicas, el Congreso ha celebrado un segundo pleno en el que se ha aprobado la toma en consideración de la reforma del delito de sedición en un debate bronco tras las duras críticas al texto que han llegado desde PP, Vox y Ciudadanos, que consideran que está hecho a medida para los líderes independentistas catalanes implicados en el "procés".

El PP forzó a que la votación, que comenzó a eso de las 00.30 horas de la madrugada del jueves al viernes, fuera por llamamiento, es decir, diputado a diputado y a viva voz, para que cada parlamentario socialista manifestara su voto en público. Los populares pueden obligar a que se celebre de esta manera porque tienen más de una quinta parte de los diputados, como estipula el Reglamento del Congreso.

Se trata de una votación muy inusual, ya que esta fórmula solo se emplea para mociones de censura, cuestiones de confianza o debates de investidura; se hizo también, por ejemplo, con la ley de abdicación en 2014, cuando el rey Juan Carlos abdicó en su hijo, Felipe V.

Tras la votación, esta iniciativa iniciará su tramitación parlamentaria, que continuará después con la presentación de enmiendas de totalidad y luego al articulado, proceso en el que podrían registrarse enmiendas para modificar también el delito de malversación, como quiere ERC. Los republicanos trasladarán esta reclamación al pleno, pese a que el Ejecutivo ha enfriado las expectativas después de que los socios de coalición, Unidas Podemos, y los aliados de investidura no vean claro la modificación de un delito que podría afectar a otros casos de corrupción.

La urgencia por tomar en consideración esta proposición de ley es otro de los aspectos que centran las críticas de PP y Ciudadanos. Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo cargan duramente contra el Ejecutivo por pisar el acelerador con esta reforma exprés con el objetivo de tener el apoyo de los independentistas a los presupuestos.

La propuesta rebaja de 15 a 5 años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse "desórdenes públicos agravados", con hasta 8 años de inhabilitación, lo que podría acarrear una revisión de las condenas impuestas por el Tribunal Supremo a los líderes del "procés" ya indultados como Oriol Junqueras.

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont, que aún no se ha sentado en el banquillo al estar fugado, se servirá de esta reforma ante la Justicia europea para intentar conseguir que se le reconozca la inmunidad parlamentaria, aunque fuentes del Supremo aseguran que ésta no le protegería en España.

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